Fiscales generales de 19 estados de Estados Unidos ingresaron este martes una moción que defiende el derecho de menores migrantes no acompañados al aborto, una prerrogativa que el gobierno federal ha pretendido negarles incluso en casos de violación.
Encabezada por la fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, la moción constituye un rechazo a la política del gobierno del presidente estadunidense Donald Trump que impide que menores inmigrantes no acompañados en custodia federal accedan a servicios de aborto.
La moción, ingresada en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, argumenta que tales políticas viola los derechos constitucionales de las mujeres y los derechos de los estados.
El documento propone a la corte que confirme la decisión del tribunal de distrito que emitió una medida cautelar preliminar en contra de la administración Trump para que los menores que así lo decidan puedan acceder al aborto cuando se encuentran bajo custodia federal.
“Todas las mujeres tienen un derecho constitucionalmente protegido para acceder a servicios de aborto seguros y efectivos, incluidos los menores no acompañados”, declaró Underwood.
La funcionaria añadió que muchas de estas mujeres jóvenes han huido de la violencia horrible, y algunas están embarazadas como resultado de una violación.
“La administración de Trump simplemente no tiene la autoridad para forzar sus puntos de vista personales sobre estas mujeres jóvenes al exigirles que continúen con embarazos contra su voluntad. La política federal es inconstitucional e inhumana, y continuaremos luchando contra ella”, afirmó la fiscal.
Además de Nueva York, la moción fue respaldada por fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.
En marzo de 2017, la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados (ORR) adoptó una política que requiere que su director, Scott Lloyd, revise personalmente la solicitud de servicios de aborto de cada menor, incluso si se cumplió con todos los requisitos estatales.
Lloyd rechazó todas las solicitudes de servicios de aborto, incluso en casos en que una menor quedó embarazada como resultado de una violación en su país de origen.
Además, Lloyd prohibió que los albergues afiliados a la ORR llevaran a los menores a un médico que proporcionara abortos, y dio instrucciones para que los refugios divulguen los embarazos de menores a familiares incluso cuando la menor se opone a esta media por temor a represalias.
La política de la ORR salió a la luz por primera vez en octubre de 2017, cuando esa dependencia bloqueó el acceso a servicios de aborto para una menor de 17 años que quedó embarazada como resultado de una violación.
En marzo de 2018, un tribunal de distrito dispuso que la ORR no podía bloquear el acceso de los menores al aborto ni divulgar las decisiones reproductivas de los menores sin su consentimiento. La moción ingresada este martes insta a la corte a confirmar la decisión del tribunal de distrito.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.