Fiscales generales de 19 estados de Estados Unidos ingresaron este martes una moción que defiende el derecho de menores migrantes no acompañados al aborto, una prerrogativa que el gobierno federal ha pretendido negarles incluso en casos de violación.

Encabezada por la fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, la moción constituye un rechazo a la política del gobierno del presidente estadunidense Donald Trump que impide que menores inmigrantes no acompañados en custodia federal accedan a servicios de aborto.

La moción, ingresada en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, argumenta que tales políticas viola los derechos constitucionales de las mujeres y los derechos de los estados.

El documento propone a la corte que confirme la decisión del tribunal de distrito que emitió una medida cautelar preliminar en contra de la administración Trump para que los menores que así lo decidan puedan acceder al aborto cuando se encuentran bajo custodia federal.

“Todas las mujeres tienen un derecho constitucionalmente protegido para acceder a servicios de aborto seguros y efectivos, incluidos los menores no acompañados”, declaró Underwood.

La funcionaria añadió que muchas de estas mujeres jóvenes han huido de la violencia horrible, y algunas están embarazadas como resultado de una violación.

“La administración de Trump simplemente no tiene la autoridad para forzar sus puntos de vista personales sobre estas mujeres jóvenes al exigirles que continúen con embarazos contra su voluntad. La política federal es inconstitucional e inhumana, y continuaremos luchando contra ella”, afirmó la fiscal.

Además de Nueva York, la moción fue respaldada por fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.

En marzo de 2017, la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados (ORR) adoptó una política que requiere que su director, Scott Lloyd, revise personalmente la solicitud de servicios de aborto de cada menor, incluso si se cumplió con todos los requisitos estatales.

Lloyd rechazó todas las solicitudes de servicios de aborto, incluso en casos en que una menor quedó embarazada como resultado de una violación en su país de origen.

Además, Lloyd prohibió que los albergues afiliados a la ORR llevaran a los menores a un médico que proporcionara abortos, y dio instrucciones para que los refugios divulguen los embarazos de menores a familiares incluso cuando la menor se opone a esta media por temor a represalias.

La política de la ORR salió a la luz por primera vez en octubre de 2017, cuando esa dependencia bloqueó el acceso a servicios de aborto para una menor de 17 años que quedó embarazada como resultado de una violación.

En marzo de 2018, un tribunal de distrito dispuso que la ORR no podía bloquear el acceso de los menores al aborto ni divulgar las decisiones reproductivas de los menores sin su consentimiento. La moción ingresada este martes insta a la corte a confirmar la decisión del tribunal de distrito.