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Fiscalía de CdMx asegura rancho de ex titular de Seduvi valuado de 23 mdp

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Jesús «N», ex titular de la Seduvi, está acusado del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades y está relacionado con una trama de corrupción de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró el rancho de Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) el cual está valuado en 23 millones de pesos ubicado en el municipio de Atitalaquia en el estado de Hidalgo.

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El rancho de 18 mil metros cuadrados fue asegurado en medio de la persecución de Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, acusado del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades y está presuntamente relacionado con una trama de corrupción de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez.

«Esta fiscalía ha encontrado evidencia del desvío de varios miles de millones de pesos del patrimonio de la Ciudad de México por parte de los altos ex servidores que se desempeñaron en anteriores administraciones», dijo el vocero de la fiscalía el doctor Ulises Lara.

El aseguramiento del inmueble se logró con la colaboración de la Procuraduría del Estado de Hidalgo que de acuerdo con investigaciones del Ministerio Público, es propiedad de Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, quien fue titular de la Seduvi en la pasada administración.

«El inmueble que cuenta con construcción habitacional con sala, comedor, estancia, cocina equipada, recámaras, así como áreas verdes, criaderos, lago y estacionamiento techado fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos», informó.

Ulises Lara detallo que en el lugar ubicado en la calle Santos Degollado, en la colonia Centro de este municipio se aseguraron animales de crianza como:

  • Tres caballos.
  • Dos burros.
  • 81 borregos.
  • Cuatro patos.
  • Dos gansos.
  • Dos guajolotes.
  • Ocho pavorreales.

Además de un vehículo todo terreno color verde militar y una camioneta gris tipo pick up.

Actualmente, el ex funcionario está prófugo de la justicia y cuenta con varias órdenes de aprehensión vigentes por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

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Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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