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México

Fiscalía de CdMx asegura rancho de ex titular de Seduvi valuado de 23 mdp

Jesús «N», ex titular de la Seduvi, está acusado del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades y está relacionado con una trama de corrupción de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró el rancho de Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) el cual está valuado en 23 millones de pesos ubicado en el municipio de Atitalaquia en el estado de Hidalgo.

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El rancho de 18 mil metros cuadrados fue asegurado en medio de la persecución de Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, acusado del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades y está presuntamente relacionado con una trama de corrupción de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez.

«Esta fiscalía ha encontrado evidencia del desvío de varios miles de millones de pesos del patrimonio de la Ciudad de México por parte de los altos ex servidores que se desempeñaron en anteriores administraciones», dijo el vocero de la fiscalía el doctor Ulises Lara.

El aseguramiento del inmueble se logró con la colaboración de la Procuraduría del Estado de Hidalgo que de acuerdo con investigaciones del Ministerio Público, es propiedad de Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, quien fue titular de la Seduvi en la pasada administración.

«El inmueble que cuenta con construcción habitacional con sala, comedor, estancia, cocina equipada, recámaras, así como áreas verdes, criaderos, lago y estacionamiento techado fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos», informó.

Ulises Lara detallo que en el lugar ubicado en la calle Santos Degollado, en la colonia Centro de este municipio se aseguraron animales de crianza como:

  • Tres caballos.
  • Dos burros.
  • 81 borregos.
  • Cuatro patos.
  • Dos gansos.
  • Dos guajolotes.
  • Ocho pavorreales.

Además de un vehículo todo terreno color verde militar y una camioneta gris tipo pick up.

Actualmente, el ex funcionario está prófugo de la justicia y cuenta con varias órdenes de aprehensión vigentes por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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