La Fiscalía General de la República (FGR) informó que habría un segundo tirador en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. En un comunicado compartido el lunes 29 de enero la institución identifica a Jorge Antonio “S” como un agente del CISEN, al parecer implicado en los hechos.
Además, en una parte del informe se menciona al ex titular de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón,Genaro García Luna, a quien se acusa de presunto encubrimiento.
“Sobre el caso del segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro “G”, quien era Subdirector Operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana”
Sombras de agentes de policía se muestran afuera del hangar de la Fiscalía General en la Ciudad de México (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)
La FGR presentó pruebas con las que, según la dependencia, se demuestra la presencia de Jorge Antonio en el lugar de los hechos, las autoridades destacan las pruebas de sangre en las que se determinó que en la ropa de dicho hombre estaba el tipo de sangre de Colosio.
De igual manera señalan que Jorge Antonio accionó un arma de fuego, a lo que se suman las declaraciones de testigos indican que el hombre, al momento de ser detenido, llevaba sangre de la víctima en su ropa.
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Incluso la FGR señala que el CISEN habría sudo el responsable de enviar a dicho hombre a la zona e indicó que habría sido encubierto y sacado del lugar “de manera urgente y subrepticia”.
Mario Aburto es el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio (Foto: Infobae)
Tras la liberación de Jorge Antonio la FGR informó que apelará la liberacióndel hombre y señaló que se rata de un “delito de alta gravedad”. Además, las autoridades argumentaron que en un video que captó los hechos violentos se puede ver al primer tirador, mientras que el segundo estaba en un ángulo diferente
“No existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba [la grabación que apunta hacia el primer tirador] no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo”.
Quién sería el segundo tirador en el caso Colosio
Si bien en el comunicado de las autoridades no aparece el nombre del hombre acusado de estar implicado en el ataque contra Luis Donaldo Colosio, reportes de inteligencia indicaron que dicha persona sería Jorge Antonio Sánchez Ortega.
Sobre este hombre una investigación realizada por Mexicanos contra la corrupcióny la impunidad (MCCI) tuvieron acceso a documentos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en los que se puede ver que Sánchez Ortega negó haber estado presente al momento del ataque armado en contra de Colosio y, aunque el agente sí tenía plomo en las manos, se descartó su participación en la agresión.
Sin embargo, en otros documentos, revisados por la organización mencionada, se pude ver que en el expediente completo Jorge Antonio Sánchez él negó tener una arma, pero las pruebas de rodizonatodeterminaron que salió positivo.
El presidente municipal de Monterrey mandó mensaje al presidente Foto: Cuartoscuro
También durante el 26 de enero el hijo del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Riojas y presidente municipal de Monterrey, mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que pidió que se indulte aMario Aburto, asesino confeso del excandidato del PRI.
“Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte,que ponga un carpetazo final”, declaró en un encuentro con medios.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió no reaccionar a cada declaración del mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que este reiterara durante la Cumbre del G7 en Francia que México está controlado por los cárteles del narcotráfico.
Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que Trump tiene una forma particular de comunicar sus mensajes y consideró que lo importante es el trabajo que realiza su administración en materia de seguridad.
Sheinbaum sostuvo además que el presidente estadounidense no cuenta con información precisa cuando realiza este tipo de acusaciones. Recordó que ya le ha expresado personalmente que las instituciones mexicanas funcionan y que el Estado mexicano mantiene su presencia y operación en todo el país.
La titular del Ejecutivo señaló que, durante una reunión celebrada en mayo con el senador estadounidense Markwayne Mullin en Palacio Nacional, se abordó el tema de los grupos criminales y se destacó el papel de las instituciones de seguridad mexicanas.
Como ejemplo, mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado perpetrado por un grupo criminal en 2020 y continuó en el servicio público. También destacó la labor del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.
La presidenta subrayó además los resultados de la estrategia de seguridad de su gobierno. Entre ellos, mencionó una reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos y una disminución de 70 por ciento en el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por vía terrestre.
Asimismo, hizo referencia al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo realizado por el Ejército mexicano en febrero pasado.
Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de un escenario de tensiones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y comercio, mientras Trump ha insistido en diversas ocasiones en que los cárteles ejercen control sobre territorio mexicano.
El contexto también incluye las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.