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México

Fiscalía de Jalisco culpa a gestión estatal anterior por “narcofiesta” en penal

Siete horas bastaron a la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) para desmarcarse de la llamada “narcofiesta” realizada al interior del núcleo penitenciario de Puente Grande, en un hecho presuntamente ocurrido en junio de 2013.
Según la FGEJ, todo se trató de un convivio privado organizado por José Luis Gutiérrez Valencia, Don Chelo, ligado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y líder del “autogobierno” en ese penal.
La noche del lunes pasado grupo Milenio, uno de los medios preferidos de la gestión del mandatario priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, difundió una grabación sobre una fiesta privada organizada por Don Chelo al interior del penal y amenizada por Los Buchones de Culiacán, un grupo radicado en Los Ángeles, California, según aclaró el fiscal Eduardo Almaguer.
En ese convivio se consumieron grandes cantidades de whisky y se escucharon vivas y gritos en apoyo al CJNG, según la grabación que difundió la referida empresa de medios.
Almaguer Ramírez dijo que la fiesta se habría realizado con motivo de la celebración del Día del Padre, en junio de 2013, y para conmemorar un año de la muerte de uno de los hijos de José Luis Valencia.
Esta tarde, Almaguer notificó a los reporteros que con motivo de esos hechos se abrieron algunas carpetas de investigación para indagar los presuntos delitos en los que se haya incurrido.
Según el fiscal, los hechos ocurrieron durante la administración del último gobierno panista, encabezado por Emilio González Márquez, cuando el penal de Puente Grande estaba manejado por un hombre de todas las confianzas del exmandatario, Sergio Schmith Kurt, quien controlaba el centro carcelario.
“Ese video es real. Hoy la Fiscalía a mi cargo procedió a iniciar una investigación respecto de lo documentado en ese material audiovisual”, reconoció el funcionario ante reporteros esta tarde y tras una fallida rueda de prensa programada para las diez de la mañana del mismo día.
El fiscal dijo que en la imagen difundida aparece Eduardo Orozco, otro reo que logró su libertad el 25 de septiembre de 2015, por lo que descartó que se trate de una grabación reciente.
También se observa a otros presos como Misael “N”, quien fue trasladado en diciembre de 2013 al Reclusorio Metropolitano (de Puente Grande), y a Alfredo Márquez, encargado de contratar a Los Buchones de Culiacán”, y trasladado al área de sentenciados, en abril de 2014, del mismo núcleo de Puente Grande.
Almaguer Ramírez recordó que a consecuencia de esos hechos el jefe de custodios, Enrique Huerta Balcázar, fue retirado de esa encomienda el 21 de noviembre de 2013.

(apro)

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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