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México

Fiscalía obtiene orden de aprehensión contra gobernador Cabeza de Vaca

La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó este miércoles el senador Ricardo Monreal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este lunes que Cabeza de Vaca ya no tenía fuero constitucional tras resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A través de su cuenta de Twitter, el senador morenista informó que el mandatario estatal tiene orden de aprehensión y reclamó al Congreso de Tamaulipas la protección de García Cabeza de Vaca, en lugar de haber designado un sustituto.

Meses atrás en una reunión virtual, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, reportó que hubo ingresos por millones de pesos a las cuentas de Cabeza de Vaca que no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria.

El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados decidió retirarle el fuero al gobernador panista, sin embargo, el Congreso del estado no acató la decisión y rechazó el desafuero del político tamaulipeco.

Después, panistas de Tamaulipas organizaron una caravana en apoyo al García Cabeza de Vaca, mientras su defensa declaraba que todavía mantenía el fuero y que era “intocable”.

El 11 de mayo, la FGR informó que había recibido información del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntas operaciones ilícitas del mandatario estatal, por lo que había sido integrada a una carpeta de investigación independiente a la abierta por su desafuero.

“La Fiscalía General de la República acaba de recibir la información que el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos le ha enviado al Gobierno de México, respecto a las posibles responsabilidades penales de Francisco Javier ‘G’, Ismael ‘G’, José Manuel ‘G’, José Ramón ‘C’ y diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas que, por ser nuevas probanzas que las autoridades de procuración de justicia mexicanas acaban de recibir, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente”, detalló la FGR en un comunicado.

Ante estas acusaciones, el panista denunció que no ha hecho operaciones o transferencias ilícitas y reclamó que no se le ha permitido el acceso a la carpeta para ver los cargos de que se le acusa, mientras, su defensa afirmaba que el mandatario no había violado leyes en Estados Unidos.

Tras las diferencias entre la Suprema Corte y la FGR, el titular de esta última, Alejandro Gertz Manero, impugnó la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara, en la que se consideraba que Cabeza de Vaca aún mantenía el fuero.

Gertz Manero interpuso el recurso derivado de la controversia constitucional 50/21, a través del oficio FGR/043/2021 dirigido al ministro Zaldívar para obtener una orden de aprehensión.

Con la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca son tres los gobernadores tamaulipecos implicados en varios delitos. Los otros dos son Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores.

El priista Yarrington (1999- 2004) tuvo problemas con la justicia y actualmente está detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y de recibir sobornos de personas y empresas privadas en México para hacer negocios con el gobierno de Tamaulipas.

El priista Eugenio Hernández Flores (2005-2010) fue detenido en 2017 por los delitos de malversación de fondos públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.

Fuente: El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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