Como parte de los trabajos efectuados en la Operación “Justicia para Chihuahua”, la Fiscalía General del Estado le formuló imputación al ex Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo E. G., por su presunta responsabilidad en el delito de Peculado Agravado, por el desvío de 20 millones de pesos del erario.

El agente del Ministerio Público expuso que en diciembre de 2015, el ex funcionario, previo acuerdo con diversos servidores públicos, participó en la distracción del recurso, señalando que serían entregados a uno de los contratistas que trabajaban en la construcción del Centro de Justicia del Estado de Chihuahua.

De acuerdo a la causa penal 2550/2018, una vez que la Secretaría recibió los recursos, el acusado, sin justificación alguna expidió el cheque número 14928 de fecha 18 de diciembre de 2015 a nombre de Infocom Sistemas de Información S.A. C.V., el cual fue cobrado ese mismo día; lo anterior a fin de cumplir un compromiso personal del ex gobernador, César Horacio Duarte Jáquez con el representante de la moral.

El imputado tramitó y formuló la salida del recurso ante la Secretaría de Hacienda; luego, autorizó y entregó el dinero a la moral mencionada; por lo que la intervención que se le atribuye es de coautor.

Eduardo E. G. fue detenido la noche de este miércoles en el cruce de las avenidas Juan Pablo II y Fuentes Mares, cuando venía a bordo de un autobús, procedente de Durango, en cuya entidad laboraba dentro de la Secretaría de Obras Públicas.

Con base a los elementos de prueba aportados por la representación social, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Octavio Rodríguez Gaytán, le impuso las medidas de cautelares de la firma semanal, la garantía económica de ocho millones de pesos y la colocación del brazalete electrónico por un año; además fijó el próximo martes 07 de agosto el día en que se celebre la audiencia de vinculación a proceso.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de hacer frente frontal al combate a la corrupción, para llevar ante la Justicia a quienes participaron en el mayor desfalco y latrocinio en la historia de Chihuahua, que dejaron las arcas de la administración pública en banca rota.