El pasado lunes 4 de septiembre el portal de noticias Animal Político difundió información sobre la gestión de José Reyes Baeza Terrazas en el FOVISSSTE.

Al respecto se precisa lo siguiente:

1.- Se desmiente que el FOVISSSTE haya contratado servicios de asesoría especializada en sistemas a una zapatería tal como lo asegura el portal mencionado.

2.- En 2014, FOVISSSTE contrató a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para la elaboración de 5 estudios: 1). Creación y mejora de nuevos productos (créditos hipotecarios, 2).- Rediseño del proceso de atención a acreditados, 3).- Mejoramiento de los sistemas de cobro y cartera del Fondo, 4).- Revisión de aplicaciones y aplicativos de los sistemas del FOVISSSTE y 5).- La implantación de un modelo de gobierno de datos y de inteligencia de negocios.

3.- Animal Político afirma que los proveedores no le entregaron los servicios contratados al FOVISSSTE, sin embargo se aclara que El Fondo sí recibió en tiempo y forma  todos los entregables derivados de la contratación y los productos resultantes, propiciando la mejora  operativa y modernización  de algunos de los procesos de atención a los derechohabientes. (Importantes reducciones de cartera vencida, la creación de nuevos productos crediticios, la reducción de los plazos de pago a desarrolladores de vivienda y el incremento de las metas de colocación de crédito).

4.- Dicho convenio laboral se llevó a cabo en los términos previstos por el Artículo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, considerando la naturaleza jurídica del proveedor. Fue la propia Universidad que declaró expresamente que estaba en condiciones y capacidad de realizar las acciones contratadas.

5.-Se precisa también que El Fondo de la Vivienda  entregó la información solicitada  a la Auditoría Superior de la Federación y también a su Órgano Interno de Control, entre la que se encuentran los entregables comprometidos por cada uno de los contratos correspondientes, los cuales están a disposición de las entidades fiscalizadoras.