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Francia y Austria reconocerán a Guaidó si Maduro no anuncia elecciones presidenciales

Francia reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela si el presidente venezolano Nicolás Maduro no se compromete a organizar una nueva elección presidencial, declaró la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau.

Si este domingo “Maduro no se compromete a organizar una elección presidencial, consideraremos que Guaidó es legítimo para organizarlas en su lugar, y lo consideraremos como presidente interino hasta las elecciones legítimas”, dijo Loiseau en declaraciones a la televisión LCI.

“La elección de Maduro en mayo pasado fue una farsa, una ficción”, dijo Loiseau para justificar la posición francesa.

“Lo que dice hasta ahora Maduro es ‘voy a organizar elecciones legislativas’, es decir, implícitamente, ‘quiero sacarme de encima a Guaidó” que es apoyado por los manifestantes. Esa respuesta es también una farsa, una farsa trágica”, agregó Loiseau.

El 23 de enero pasado, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino de Venezuela, obteniendo el apoyo inmediato de Estados Unidos, Brasil, Colombia y otros países latinoamericanos.

En las elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo pasado, Nicolás Maduro obtuvo 6.2 millones de votos (67.84%), según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los candidatos opositores Henri Falcón y Javier Bertucci obtuvieron respectivamente 20.93% y 10.82% de los votos, según la misma fuente.

La participación fue del 46.07%, según el CNE.

Por su parte, el canciller federal de Austria, Sebastián Kurz, habló por teléfono con Juan Guaidó a quien ofreció “apoyo” y a quien reconocerá si el presidente Nicolás Maduro no convoca elecciones presidenciales.

“Acabo de tener una muy buena conversación telefónica con el presidente Juan Guaidó. Tiene todo nuestro apoyo para restaurar la democracia en Venezuela”, escribió el conservador Kurz en su cuenta de Twitter.

En su breve mensaje, el jefe del Gobierno de la república alpina indica que “los venezolanos han sufrido demasiado tiempo por la mala gestión y el deterioro del Estado de Derecho bajo el régimen de (el presidente, Nicolás) Maduro”.

Fuente: Noticiero Televisa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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