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Frena PRI recursos a comités estatales

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza Claudia Ruiz Massieu, suspendió la partida mensual que por concepto de ministraciones federales enviaba a sus comités directivos estatales.

Con la pasada derrota electoral, el PRI enfrenta problemas financieros que derivan en la reducción de salarios a colaboradores y el pago atrasado.

Es en los comités directivos estatales en donde ya se empezó a sentir la reducción económica que se refleja en el atraso a pago de proveedores, la reducción de salarios o el despido de personal.

Algunos comités del PRI en los estados comenzaron a informar a través de circulares que se dejarán de dar los apoyos para todas aquellas personas militantes y simpatizantes que colaboran con distintas actividades para el partido.

«Por medio de la presente se les comunica que para los apoyos por actividades de colaboración, se harán ajustes a los pagos de todos los militantes adscritos a este comité, derivado de la suspensión de Ministración de Prerrogativa Federal que el Comité Ejecutivo Nacional nos proporcionaba para el pago de apoyo», se expuso en la circular que fue difundida en el Comité Directivo Estatal de Morelos.

A diferencia de los mil 94.9 millones de pesos que recibió el Revolucionario Institucional para este 2018, el próximo año tendrá unos 800.8 millones de pesos de prerrogativas, por haber obtenido el tercer lugar en las elecciones federales del pasado 1 de julio.

En la mayoría de los comités directivos estatales se informó que la suspensión de apoyos ya está en marcha y para evitar despidos en la inmediatez, se procede a la disminución de sueldos.

«Ya no contaremos con el recurso, por lo que para evitar bajas de personal este mes [septiembre], se tomó la decisión de reducir el sueldo de toda la militancia, por lo tanto agradecemos comprensión», se indicó en la circular del Comité Directivo Estatal del PRI en Morelos.

Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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