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Frenan detención de familiares de Lozoya

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Gilda Susana Lozoya Austin y Marielle Helene Eckes, hermana y cónyuge de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), no podrán ser detenidas.
Ellas obtuvieron un aparo de parte del juzgado 14 de distrito en la materia para que de manera temporal se evite cualquier orden judicial o ministerial en su contra.

La solicitud del recurso fue porque consideraron que la juez María Eliana Cardo Ramos, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pudiera otorgar una orden de aprehensión contra suya.

Pero, La Jornada, con base en fuentes ministeriales y del Poder Judicial, señala que las órdenes solicitadas solo se giraron en contra de Emilio Lozoya, el empresario Alonso Ancira y de Gilda Susana Lozoya Austin.

A ellos se les acusa de presuntamente participar en acciones que causaron grave daño patrimonial a Pemex por comprar la empresa Agro Nitrogenados en 2013.

Se estableció por parte de un juez un pago de 18 mil pesos como garantía para cada una de familiares que solicitaron el amparo.

No obstante, se indica, el recurso no significa que no puedan ser detenidas si se ordena la captura en su contra por delitos a los que se les estableció prisión oficiosa.

La compra de una planta ‘chatarra’ de fertilizantes destapó la relación entre Lozoya Austin, la empresa Altos Hornos de México (AHM) y de su dueño, Alonso Ancira, quien ya está detenido.

De acuerdo con el informe individual del Resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2016, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la administración de Lozoya Austin como director de Pemex, el consejo de administración de la empresa estatal formalizó la compra de la planta Agronitrogenados.

Solo que esa planta tenía equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación.

sdp noticias

México

México y Estados Unidos refuerzan cooperación contra tráfico de armas y robo de combustible

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México y Estados Unidos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información en materia de tráfico de armas, así como fortalecer la cooperación para combatir el robo de combustible y otros delitos transnacionales, tras la segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México-Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro se realizó el pasado 11 de diciembre como parte del seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, mecanismo acordado por ambos países para atender de manera coordinada temas prioritarios en materia de seguridad. En la reunión participaron el encargado de despacho de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, junto con funcionarios de ambos gobiernos.

Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados desde la reunión previa celebrada en McAllen, Texas, donde se había puesto énfasis en el combate al tráfico de armas. En esta ocasión, además, se analizaron desafíos emergentes para la seguridad regional, particularmente el uso de drones por parte de organizaciones criminales.

Como parte de los acuerdos, ambas naciones determinaron dar continuidad a las acciones de incautación de armamento y municiones, así como reforzar el intercambio de información para identificar y desarticular redes dedicadas al tráfico ilegal de armas. También se estableció fortalecer la cooperación en materia de extradiciones y las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas antes de la próxima reunión, prevista para enero de 2026.

La SRE precisó que durante el encuentro se reiteró que la cooperación bilateral en seguridad se rige por los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial de ambos países, bajo un enfoque de responsabilidad compartida y sin subordinación. Indicó que el intercambio de información, la coordinación operativa y el diálogo permanente deben traducirse en mejores condiciones de seguridad para las poblaciones de México y Estados Unidos.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que, como parte de esta cooperación, se han emprendido acciones contra instituciones financieras y personas involucradas en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y precursores químicos. Asimismo, informó que ambos países se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar cárteles y grupos delictivos, interrumpir fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar amenazas emergentes, incluido el uso de drones en la frontera.

Las autoridades de ambos países confirmaron que continuarán los trabajos bilaterales y que el diálogo en materia de seguridad se mantendrá de forma permanente.

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