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Frenan detención de familiares de Lozoya

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Gilda Susana Lozoya Austin y Marielle Helene Eckes, hermana y cónyuge de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), no podrán ser detenidas.
Ellas obtuvieron un aparo de parte del juzgado 14 de distrito en la materia para que de manera temporal se evite cualquier orden judicial o ministerial en su contra.

La solicitud del recurso fue porque consideraron que la juez María Eliana Cardo Ramos, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pudiera otorgar una orden de aprehensión contra suya.

Pero, La Jornada, con base en fuentes ministeriales y del Poder Judicial, señala que las órdenes solicitadas solo se giraron en contra de Emilio Lozoya, el empresario Alonso Ancira y de Gilda Susana Lozoya Austin.

A ellos se les acusa de presuntamente participar en acciones que causaron grave daño patrimonial a Pemex por comprar la empresa Agro Nitrogenados en 2013.

Se estableció por parte de un juez un pago de 18 mil pesos como garantía para cada una de familiares que solicitaron el amparo.

No obstante, se indica, el recurso no significa que no puedan ser detenidas si se ordena la captura en su contra por delitos a los que se les estableció prisión oficiosa.

La compra de una planta ‘chatarra’ de fertilizantes destapó la relación entre Lozoya Austin, la empresa Altos Hornos de México (AHM) y de su dueño, Alonso Ancira, quien ya está detenido.

De acuerdo con el informe individual del Resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2016, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la administración de Lozoya Austin como director de Pemex, el consejo de administración de la empresa estatal formalizó la compra de la planta Agronitrogenados.

Solo que esa planta tenía equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación.

sdp noticias

México

México reporta más de 145 mil repatriaciones de connacionales desde enero

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El Gobierno de México informó que, del 20 de enero al 17 de diciembre, se registraron 145 mil 537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de la política antimigratoria en ese país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer las cifras durante una conferencia de prensa, en la que precisó que 116 mil 156 personas fueron repatriadas por vía terrestre y 29 mil 381 por vía aérea. Estas acciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza.

De acuerdo con la funcionaria, 99 mil 924 personas aceptaron ingresar a alguno de los centros de atención habilitados por el gobierno federal. En el caso de las 45 mil 613 que optaron por no hacerlo, señaló que también se les brindó apoyo consistente en alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y ayuda para su traslado a su lugar de origen.

La red de atención opera a través de nueve centros distribuidos en siete entidades del país. Los retornos terrestres se concentran en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, mientras que la atención aérea se ofrece en Chiapas y Tabasco.

En este contexto, el 18 de diciembre, durante la conmemoración del Día Internacional del Migrante, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la situación de las comunidades migrantes y lamentó lo que calificó como una creciente criminalización de este sector. Durante su conferencia matutina, respondió a mensajes recientes de Donald Trump y del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quienes han promovido deportaciones masivas y la construcción de barreras fronterizas.

La mandataria sostuvo que la migración es un fenómeno motivado por la necesidad y no por una decisión voluntaria, y afirmó que las políticas de persecución carecen de humanidad. Señaló que, desde su perspectiva, las soluciones de fondo deben basarse en la cooperación internacional, el desarrollo económico, la inversión en los países de origen y la reducción de la desigualdad.

Sheinbaum reiteró que la postura del Estado mexicano será la protección de los derechos humanos y la oferta de alternativas consideradas dignas, como el acceso al empleo o la repatriación voluntaria. Estas declaraciones se dan en un escenario marcado por el incremento en las repatriaciones de connacionales durante 2025.

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