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Frenan detención de familiares de Lozoya

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Gilda Susana Lozoya Austin y Marielle Helene Eckes, hermana y cónyuge de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), no podrán ser detenidas.
Ellas obtuvieron un aparo de parte del juzgado 14 de distrito en la materia para que de manera temporal se evite cualquier orden judicial o ministerial en su contra.

La solicitud del recurso fue porque consideraron que la juez María Eliana Cardo Ramos, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pudiera otorgar una orden de aprehensión contra suya.

Pero, La Jornada, con base en fuentes ministeriales y del Poder Judicial, señala que las órdenes solicitadas solo se giraron en contra de Emilio Lozoya, el empresario Alonso Ancira y de Gilda Susana Lozoya Austin.

A ellos se les acusa de presuntamente participar en acciones que causaron grave daño patrimonial a Pemex por comprar la empresa Agro Nitrogenados en 2013.

Se estableció por parte de un juez un pago de 18 mil pesos como garantía para cada una de familiares que solicitaron el amparo.

No obstante, se indica, el recurso no significa que no puedan ser detenidas si se ordena la captura en su contra por delitos a los que se les estableció prisión oficiosa.

La compra de una planta ‘chatarra’ de fertilizantes destapó la relación entre Lozoya Austin, la empresa Altos Hornos de México (AHM) y de su dueño, Alonso Ancira, quien ya está detenido.

De acuerdo con el informe individual del Resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2016, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la administración de Lozoya Austin como director de Pemex, el consejo de administración de la empresa estatal formalizó la compra de la planta Agronitrogenados.

Solo que esa planta tenía equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación.

sdp noticias

México

PAN cuestiona investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico y señala posible encubrimiento

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El Partido Acción Nacional acusó que la investigación oficial sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca carece de credibilidad y podría estar encubriendo responsabilidades de mayor jerarquía dentro del proyecto ferroviario.

A través de su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, el PAN sostuvo que la Fiscalía General de la República presentó de manera anticipada una versión definitiva del accidente, en la que se atribuye la causa exclusivamente a errores del personal operativo, pese a la existencia de indicios que apuntan a fallas estructurales, deficiencias técnicas y omisiones en la supervisión.

Romero subrayó que el Tren Interoceánico es operado por la Secretaría de Marina, dependencia responsable de la infraestructura, el mantenimiento, los protocolos de seguridad y la operación general del sistema. En ese sentido, consideró inaceptable que la investigación descarte desde el inicio posibles fallas institucionales o responsabilidades administrativas de alto nivel.

El dirigente panista recordó que, tras la conferencia ofrecida por la FGR el 27 de enero, comenzaron a circular fragmentos del expediente que revelan diversas irregularidades. Entre ellas se mencionan deficiencias en los sistemas de control de velocidad, equipos obsoletos, fallas de comunicación, cámaras de vigilancia fuera de servicio y condiciones deterioradas tanto en los vagones como en algunos tramos de la vía.

El PAN también advirtió que en el expediente se hace referencia a personal ferroviario que no contaba con licencias vigentes ni con exámenes médicos actualizados, una situación que posteriormente fue reconocida por la propia Secretaría de Marina.

Ante este panorama, el partido exigió la realización de un peritaje independiente y transparente, y pidió que no se proteja a ningún responsable. Consideró que judicializar únicamente a trabajadores operativos representa un intento de cerrar el caso sin esclarecer las causas de fondo del accidente.

En paralelo, la Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Felipe de Jesús “N”, identificado como el maquinista principal del tren descarrilado. La captura se realizó el 26 de enero en Palenque, Chiapas, y fue confirmada un día después.

De acuerdo con el peritaje oficial presentado por la fiscal Ernestina Godoy, el exceso de velocidad fue la causa determinante del accidente. La investigación señala que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una zona con límite de 50, alcanzando picos de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos. La FGR descartó fallas mecánicas y aseguró que el sistema de frenado funcionaba correctamente.

El maquinista enfrenta cargos por homicidio y lesiones culposas. La detención ha generado controversia al coincidir con las denuncias del PAN sobre un posible encubrimiento a mandos superiores responsables de la operación ferroviaria.

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