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México

‘Fue legal’, dice esposo de regidora que cocinó cocodrilos en festival

En días recientes circularon en redes sociales fotografías de una parrillada realizada en Puebla, donde el plato fuerte fueron dos cocodrilos de pantano a las brasas, lo que originó un gran revuelo entre usuarios de Twitter que demandaron castigo a los responsables de comer una especie incluida en la Norma Oficial Mexicana 059, en la categoría de Sujeta a Protección Especial.

Los mensajes de indignación no se hicieron esperar como el del usuario @MorOlivers, quien exigió castigo a «esta barbarie» o @MiCatleesi que escribió: «Mientras no hay gobernador, ¿Qué se hará al respecto? Que sean unos cavernícolas, no les da derecho a presumirlo».

Una persona identificada como Ed Morales subió a la plataforma Change.org una petición para solicitar a las autoridades castigo por «maltrato animal o rituales ilegales».

Hasta el momento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no se han pronunciado sobre las acusaciones contra el hombre identificado como Juan Núñez Alameda, esposo de la regidora de Salud del Ayuntamiento de Huejotzingo, y excandidato a diputado local por Morena.

En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Huejotzingo condenó estos actos y se deslindó de lo ocurrido, al tiempo que externó su intención de colaborar con las autoridades competentes para sancionar a los responsables del “maltrato a especies protegidas”.

El Ayuntamiento no apoya de ninguna manera estas acciones, y está en la mayor disposición de llevar a cabo las sanciones que las autoridades correspondientes dicten a quienes cometen este abuso y lastiman especies protegidas”, manifestó.

 

Juan Núñez Alameda ofreció conferencia de prensa para explicar que la «Cocodrilada 2019», realizada por la Gran Logia del Valle de México, asociación de Masones, formó parte del Festival Familiar de Filantropía para obtener fondos y ayudar a niños con cáncer y VIH.

Detalló que los dos ejemplares de cocodrilo moreletii, criados en cautiverio, fueron adquiridos de manera legal a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), que cuenta con autorización de la Semarnat.

Ante esta situación, reveló que ya procedió penalmente contra la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, a quien responsabilizó de filtrar las imágenes donde aparece cocinando a los dos cocodrilos.

En la cuenta de Twitter de la Logia identificada como Igualdad N. 105 se exhibe un oficio con fecha del 1 de febrero de 1999, firmado por Felipe Ramírez Ruíz de Velasco, exdirector general de Vida Silvestre, que en ese entonces dependía del Instituto Nacional de Ecología, donde se otorga autorización a la UMA «Cacahuatal», para el manejo de ejemplares de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), con fines de conservación y manejo en las instalaciones ubicadas en el municipio de Gutiérrez Zamora, en el estado de Veracruz.
La clave de registro de la Granja que ahora se hace llamar “El Colibrí de la Antigua”: INE/CITES/DGVS-CR-IN-0434-VER/99, tiene vigencia indefinida y nunca se le ha abierto ningún procedimiento administrativo por parte de la Profepa, al contrario, en 2016 recibió 92 cocodrilos decomisados a otra UMA denominada La Macarena, por faltas al trato digno y respetuoso hacia los animales.

De acuerdo con la factura pagada por los Masones para su «Cocodrilada 2019”, el kilogramo de cocodrilo costó 292 pesos, por lo que al final se pagaron siete mil 112 pesos, por los dos ejemplares y una hielera Jumbo.

La Ley Ambiental no prohíbe a una persona que pueda comerse al animal criado en cautiverio, que compró en una granja con los permisos en regla, el único requisito que debe cumplir es acreditar su legal procedencia.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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