En días recientes circularon en redes sociales fotografías de una parrillada realizada en Puebla, donde el plato fuerte fueron dos cocodrilos de pantano a las brasas, lo que originó un gran revuelo entre usuarios de Twitter que demandaron castigo a los responsables de comer una especie incluida en la Norma Oficial Mexicana 059, en la categoría de Sujeta a Protección Especial.
Los mensajes de indignación no se hicieron esperar como el del usuario @MorOlivers, quien exigió castigo a «esta barbarie» o @MiCatleesi que escribió: «Mientras no hay gobernador, ¿Qué se hará al respecto? Que sean unos cavernícolas, no les da derecho a presumirlo».
Una persona identificada como Ed Morales subió a la plataforma Change.org una petición para solicitar a las autoridades castigo por «maltrato animal o rituales ilegales».
Hasta el momento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no se han pronunciado sobre las acusaciones contra el hombre identificado como Juan Núñez Alameda, esposo de la regidora de Salud del Ayuntamiento de Huejotzingo, y excandidato a diputado local por Morena.
En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Huejotzingo condenó estos actos y se deslindó de lo ocurrido, al tiempo que externó su intención de colaborar con las autoridades competentes para sancionar a los responsables del “maltrato a especies protegidas”.
El Ayuntamiento no apoya de ninguna manera estas acciones, y está en la mayor disposición de llevar a cabo las sanciones que las autoridades correspondientes dicten a quienes cometen este abuso y lastiman especies protegidas”, manifestó.
Juan Núñez Alameda ofreció conferencia de prensa para explicar que la «Cocodrilada 2019», realizada por la Gran Logia del Valle de México, asociación de Masones, formó parte del Festival Familiar de Filantropía para obtener fondos y ayudar a niños con cáncer y VIH.
Detalló que los dos ejemplares de cocodrilo moreletii, criados en cautiverio, fueron adquiridos de manera legal a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), que cuenta con autorización de la Semarnat.
Ante esta situación, reveló que ya procedió penalmente contra la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, a quien responsabilizó de filtrar las imágenes donde aparece cocinando a los dos cocodrilos.
En la cuenta de Twitter de la Logia identificada como Igualdad N. 105 se exhibe un oficio con fecha del 1 de febrero de 1999, firmado por Felipe Ramírez Ruíz de Velasco, exdirector general de Vida Silvestre, que en ese entonces dependía del Instituto Nacional de Ecología, donde se otorga autorización a la UMA «Cacahuatal», para el manejo de ejemplares de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), con fines de conservación y manejo en las instalaciones ubicadas en el municipio de Gutiérrez Zamora, en el estado de Veracruz.
La clave de registro de la Granja que ahora se hace llamar “El Colibrí de la Antigua”: INE/CITES/DGVS-CR-IN-0434-VER/99, tiene vigencia indefinida y nunca se le ha abierto ningún procedimiento administrativo por parte de la Profepa, al contrario, en 2016 recibió 92 cocodrilos decomisados a otra UMA denominada La Macarena, por faltas al trato digno y respetuoso hacia los animales.
De acuerdo con la factura pagada por los Masones para su «Cocodrilada 2019”, el kilogramo de cocodrilo costó 292 pesos, por lo que al final se pagaron siete mil 112 pesos, por los dos ejemplares y una hielera Jumbo.
La Ley Ambiental no prohíbe a una persona que pueda comerse al animal criado en cautiverio, que compró en una granja con los permisos en regla, el único requisito que debe cumplir es acreditar su legal procedencia.
El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.
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