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México

Fuga de funcionarios especializados del sistema financiero, por límite de sueldos

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Funcionarios de áreas técnicas altamente especializadas de las comisiones reguladoras del sistema financiero, encargadas de supervisar a varias de las empresas con mayor poderío económico del país, comenzaron a dejar sus puestos este mes. Uno de los principales motivos es una ley aprobada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados que limitó el ingreso de los empleados públicos a 108 mil pesos mensuales. En la práctica esa legislación se tradujo en una disminución de ingresos y en la pérdida de prestaciones, como vales de despensa, incluso para los empleados de menor salario, confirmaron varias fuentes consultadas esta semana.

Preocupante y triste el éxodo de talento que están sufriendo las comisiones reguladoras del sistema financiero, escribió este viernes en Twitter Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), encargada de la regulación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

La opinión de Ramírez Fuentes resume la serie de movimientos que se han dado en semanas recientes entre los organismos reguladores del sistema financiero y el Banco de México con la salida de decenas de funcionarios con varios años de experiencia en la supervisión de bancos, casas de bolsa, aseguradoras, Afore y otro tipo de intermediarios financieros, de acuerdo con testimonios de varias fuentes recabados por La Jornada.

En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encargada de la regulación de bancos y casas de bolsa, se han ido en los pasados cuatro días vicepresidentes de las áreas de política regulatoria (a cargo de Anselmo Moctezuma), normatividad (Arcelia Olea) y supervisión bursátil (Gloria Fragoso) y uno más de una de las cinco vicepresidencias de supervisión, que no fue precisado; además, han renunciado varios responsables de las direcciones generales, en las áreas jurídica, de prevención de lavado de dinero, de riesgo operativo, inclusión financiera y de emisoras.

En la CNBV, el salario bruto mensual de un vicepresidente es de 175 mil pesos y el de un director general de 171 mil pesos, superiores al límite máximo de 108 mil (que es el del Presidente de la República) aprobado en la nueva ley de remuneraciones.

Mientras, en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro se dieron renuncias en la vicepresidencia de supervisión y la de otros tres funcionarios del equipo que armó la estrategia de ahorro voluntario en las Afore.

En el Banco de México han salido entre 100 y 150 funcionarios. Además, también de acuerdo con información recabada por este diario, fue solicitada la renuncia a los vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, un regulador que registraba 20 años de continuidad en los altos mandos.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por Morena y que entró en vigor el 5 de noviembre, señala que ningún funcionario podrá ganar más de 108 mil pesos mensuales – salario que se asignó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador–, además de que cancela varias prestaciones.

Al aplicar esa ley, por ejemplo, los trabajadores de la Consar ya no recibieron vales de despensa en la quincena que cobraron esta semana. La medida afectó a todo el personal, incluida la parte más baja del tabulador, para quienes esa prestación representaba entre 25 y 30 por ciento de su ingreso total.

Lo que está ocurriendo en la CNBV es para poner los pelos de punta, dijo un funcionario del sector hacendario, que pidió mantener en reserva su nombre, en referencia a la salida de funcionarios con años de experiencia en la regulación del sistema financiero.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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