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Fuga de funcionarios especializados del sistema financiero, por límite de sueldos

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Funcionarios de áreas técnicas altamente especializadas de las comisiones reguladoras del sistema financiero, encargadas de supervisar a varias de las empresas con mayor poderío económico del país, comenzaron a dejar sus puestos este mes. Uno de los principales motivos es una ley aprobada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados que limitó el ingreso de los empleados públicos a 108 mil pesos mensuales. En la práctica esa legislación se tradujo en una disminución de ingresos y en la pérdida de prestaciones, como vales de despensa, incluso para los empleados de menor salario, confirmaron varias fuentes consultadas esta semana.

Preocupante y triste el éxodo de talento que están sufriendo las comisiones reguladoras del sistema financiero, escribió este viernes en Twitter Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), encargada de la regulación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

La opinión de Ramírez Fuentes resume la serie de movimientos que se han dado en semanas recientes entre los organismos reguladores del sistema financiero y el Banco de México con la salida de decenas de funcionarios con varios años de experiencia en la supervisión de bancos, casas de bolsa, aseguradoras, Afore y otro tipo de intermediarios financieros, de acuerdo con testimonios de varias fuentes recabados por La Jornada.

En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encargada de la regulación de bancos y casas de bolsa, se han ido en los pasados cuatro días vicepresidentes de las áreas de política regulatoria (a cargo de Anselmo Moctezuma), normatividad (Arcelia Olea) y supervisión bursátil (Gloria Fragoso) y uno más de una de las cinco vicepresidencias de supervisión, que no fue precisado; además, han renunciado varios responsables de las direcciones generales, en las áreas jurídica, de prevención de lavado de dinero, de riesgo operativo, inclusión financiera y de emisoras.

En la CNBV, el salario bruto mensual de un vicepresidente es de 175 mil pesos y el de un director general de 171 mil pesos, superiores al límite máximo de 108 mil (que es el del Presidente de la República) aprobado en la nueva ley de remuneraciones.

Mientras, en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro se dieron renuncias en la vicepresidencia de supervisión y la de otros tres funcionarios del equipo que armó la estrategia de ahorro voluntario en las Afore.

En el Banco de México han salido entre 100 y 150 funcionarios. Además, también de acuerdo con información recabada por este diario, fue solicitada la renuncia a los vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, un regulador que registraba 20 años de continuidad en los altos mandos.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por Morena y que entró en vigor el 5 de noviembre, señala que ningún funcionario podrá ganar más de 108 mil pesos mensuales – salario que se asignó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador–, además de que cancela varias prestaciones.

Al aplicar esa ley, por ejemplo, los trabajadores de la Consar ya no recibieron vales de despensa en la quincena que cobraron esta semana. La medida afectó a todo el personal, incluida la parte más baja del tabulador, para quienes esa prestación representaba entre 25 y 30 por ciento de su ingreso total.

Lo que está ocurriendo en la CNBV es para poner los pelos de punta, dijo un funcionario del sector hacendario, que pidió mantener en reserva su nombre, en referencia a la salida de funcionarios con años de experiencia en la regulación del sistema financiero.

México

Ganaderos alertan que controles por plaga del gusano barrenador encarecerán la carne

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Ciudad de México.- Productores de ganado advirtieron que las medidas implementadas por el Gobierno tras la declaratoria de emergencia nacional por la presencia del gusano barrenador han derivado en una sobrerregulación que está afectando de manera directa el suministro de carne en el país. De acuerdo con el sector, estas disposiciones ya generan incrementos en costos de operación, complicaciones logísticas y presiones en los precios finales al consumidor.

La Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino informó en un comunicado que reconoce la gravedad de la plaga y mantiene su compromiso con la sanidad animal. Sin embargo, señaló que la multiplicación de retenes federales y estatales, así como los nuevos requisitos derivados de la emergencia, han creado un escenario de sobrecontrol que está frenando el movimiento regular de reses en territorio nacional.

La organización explicó que el ganado movilizado desde entidades del sur hacia los centros de engorda ubicados en el norte enfrenta aumentos significativos en los tiempos de traslado. Detalló que el recorrido, que antes se realizaba en alrededor de 20 horas, ahora puede extenderse hasta 32 horas, además de esperas superiores a 18 horas en puntos de inspección para cumplir los tiempos posteriores a la aplicación obligatoria de antiparasitarios.

A esto se suman retenes estatales adicionales que duplican las inspecciones federales. La asociación advirtió que los retrasos, la repetición de procedimientos y las múltiples maniobras de carga y descarga impactan el bienestar animal y elevan el riesgo de heridas que podrían convertirse en focos de infestación.

El sector ganadero insistió en que la actual dinámica regulatoria está generando efectos inmediatos en la cadena de suministro y reiteró la necesidad de ajustes que permitan mantener el control sanitario sin afectar la operación productiva.

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