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Función Pública fija criterios para trámite de denuncias ciudadanas

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer los lineamientos para establecer las reglas a seguir en el registro y captación de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, así como en la administración, procesamiento y trámite de las mismas.

A las reglas deberán apegarse la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, los Órganos Internos de Control (OIC) en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la PGR y las Unidades de Responsabilidades de las Empresas Productivas del Estado.

La Dirección General, los OIC y las unidades señaladas deberán utilizar el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) para registrar y capturar las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas que reciban, y se generará un folio electrónico, indispensable para que el ciudadano pueda dar seguimiento a su asunto.

El SIDEC conserva la misma plataforma informática que el Sistema de Atención Ciudadana (SIAC), por lo que las quejas y denuncias que se encuentren registradas, continuarán su trámite hasta su conclusión conforme a los Lineamientos y Criterios Técnicos y Operativos actualizados en noviembre de 2003 y aplicarán los presente lineamientos en lo que no se oponga.

Las autoridades investigadoras implementarán las gestiones respectivas para difundir y fomentar la presentación de quejas y denuncias a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, como único medio de registro, de acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.

 

Las dependencia o entidades de la Administración Pública y Empresas Productivas del Estado, que cuenten con correos electrónicos y buzones físicos para la recepción de quejas y denuncias, realizarán las acciones necesarias para difundir la presentación de éstas a través del SIDEC, en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de los lineamientos.

Notimex

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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