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¿Funcionan las pruebas para Covid que se venden en las farmacias?

La variante ómicron del COVID-19 ha incrementado sustancialmente los casos de coronavirus entre los mexicanos. Es común ver largas filas en centros de salud, clínicas del IMSS, ISSSTE y centros de pruebas desplegados por la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias locales para realizarse pruebas, aunque muy pocos tienen éxito.

Ante la incapacidad del sector de salud público para dar abasto a la gran demanda de pruebas COVID, muchos mexicanos han recurrido a buscar esos insumos en laboratorios, hospitales privados, farmacias y hasta en redes sociales.

Así, por ejemplo, el secretario de Coahuila, Roberto Bernals Gómez, dijo que las pruebas de COVID-19 de antígenos son buenas. «Son buenas, cuestan 200 pesos y deja tú que las avale yo, las aprueban las instancias internacionales», dijo.

La prueba de antígeno permite identificar una proteína conocida como “S” o spike del virus SARS-CoV-2, los resultados se obtienen de 15 a 30 minutos. ¿Pero realmente funcionan?

¿Qué dice la OMS sobre las pruebas rápidas de antígenos?

Al respecto, la OMS publica desde 2018 una lista anual de pruebas diagnósticas esenciales en la que figuran las pruebas de diagnóstico in vitro recomendadas que deberían estar disponibles en los puntos de atención y en los laboratorios de todos los países.

La última edición, publicada hace un año, incluye las pruebas de diagnóstico de la COVID-19 recomendadas por la OMS (prueba de PCR y prueba de antígenos).

En México, la Profeco asegura que «El resultado positivo de una prueba de antígenos se considera exacto cuando las instrucciones se siguen cuidadosamente, pero hay más posibilidad de tener un falso negativo, lo que significa que es posible estar infectado con el virus, pero tener un resultado positivo».

De acuerdo con la Secretaria de Salud, las pruebas de detección de antígeno de SARS-CoV-2, son útiles para detectar moléculas específicas del virus, los cuales están presentes cuando existe una infección activa, es decir, cuando la persona está enferma en ese momento.

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Estas pruebas se pueden realizar directamente en el punto de atención de las personas enfermas, como en consultorios médicos, centros de salud, kioscos de atención, entre otros. Estas pruebas son útiles en comunidades de difícil acceso a un laboratorio, y son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para complementar las estrategias de vigilancia epidemiológica de la epidemia por el virus SARS-CoV-2.

El resultado positivo de una prueba de antígeno puede ser utilizado para la confirmación de COVID-19, en personas que cumplen con los requisitos antes descritos y no sustituye la utilidad y uso de las pruebas moleculares (RT-PCR).

Este tipo de pruebas se venden en farmacias y cuestan aproximadamente 200 pesos. Sin embargo, en este momento están agotadas.

Además, también se venden pruebas de anticuerpos por 320 pesos aproximadamente, aunque también están agotadas.

La prueba de anticuerpos, a diferencia de los anteriores, sirven para detectar si una persona ha estado infectada por el virus y ha desarrollado defensas, y si la infección todavía está activa o no. Se analiza la presencia de inmunoglobulinas IgM (que aparecen entre 7 y 10 días después del contacto con el virus) e IgG (que aparecen entre 10 y 15 días después).

Un IgM positivo indica una infección activa, mientras que un IgG positivo significa que la infección está superada. Aunque no se emplea como diagnóstico definitivo, es útil para conocer si has estado en contacto con el virus o para ver la evolución de la enfermedad en caso confirmado.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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