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México

Funcionaria documenta corrupción… y la separan del cargo en la ASF

Muna Dora Buchahin, directora general de Auditoría Forense, fue separada de su cargo en la Auditoría Superior de la Federación, a lo cual ella decidió responder con una carta, dirigida a su actual titular, David Rogelio Colmenares Páramo.

En la misiva se apunta que “el pasado miércoles 23 de mayo, el CPC. Gerardo Lozano Durbernard, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero (AECF) me informó que, por instrucciones suyas, debía separarme del cargo de directora general de Auditoría Forense de la ASF a más tardar el 31 de mayo” (ayer jueves).

“Tanto la forma y las condiciones de la solicitud, como el fondo del asunto, me parecen tan sorpresivas como improcedentes por las siguientes razones:

“1- Durante mis 13 años ininterrumpidos en labores de auditoría y fiscalización dentro de esta institución, me he conducido con pulcritud absoluta y, a pesar de que el AECF y usted mismo expresaron su reconocimiento a los resultados altamente relevantes de las auditorías a mi cargo -investigaciones premiadas incluso a nivel internacional-, al preguntar por las razones de mi separación, no hubo ninguna mas que la obediencia a la ya mencionada instrucción superior. Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura.

“2. Actualmente están en curso ocho auditorías forenses y existen cinco propuestas más para integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) 2017. Dos de ellas se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con SEDATU y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos graves por 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de nuestras auditorías en diciembre de 2017.

“3. Llama la atención el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la ASF en sentido negativo, sin haberse acercado a esta dirección general –área técnica responsable de los hallazgos y de la ejecución de las auditorías-, a pesar de los graves antecedentes que son de conocimiento público, revelados en los informes de auditoría desde 2012, detallándose el modus operandi, los probables responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación. Los montos desviados alcanzan los 7,700 millones de pesos e involucran a funcionarios de SEDESOL, SEDATU, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e importancia, las denuncias se hicieron del conocimiento superior y fueron enviadas a la UAJ desde el 14 de marzo pasado para su inmediato trámite y atención, a fin de evitar dilaciones.

“Es por todo lo anterior que, conforme a mi derecho y ante la relevancia del caso, solicito saber con precisión sus razones para separarme del cargo y de igual manera dejar claro la vulnerabilidad de mi persona al haber encabezado las investigaciones que afectan intereses que podrían poner en riesgo mi integridad.

“Las consecuencias de este tipo de actuaciones deberían ser motivo de preocupación y foco de atención prioritaria para la ASF al ir en contra de las mejores prácticas internacionales y los principios de legalidad y transparencia que la institución representa, afectando de esta manera su credibilidad.

“Por lo anterior y dada la decisión unilateral sin fundamento por parte de usted para separarme del cargo, estaré haciendo entrega de los asuntos en trámite, el 21 de junio próximo, cumpliendo así con los deberes del cargo que en su momento acepté y las obligaciones inherentes al mismo”, aseveró.

Aristegui

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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