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Funcionario que abusó de niña no será procesado por corrupción de menores; juez argumenta que no hubo placer

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Luis Alonso “N”, exfuncionario de la policía municipal de Puerto Vallarta que abusó de una niña de 10 años dentro de su coche, no será procesado por corrupción de menores dado que un juez determinó que ella no sintió placer y que el acusado ya está vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil.

El 14 de agosto, el juez Jorge Luis Solís Aranda rechazó la vinculación a proceso de Luis Alonso por el delito de corrupción de menores, que el Código Penal define como “la iniciación o práctica de la actividad sexual”, con castigo de cuatro a siete años de cárcel cuando el agresor se valga de alguna situación como tener poder o ser funcionario público.

“Yo me sorprendí, me quedaba muy claro que iba a ser complicado que el juez vinculara a proceso. Lo que nunca me esperé fueron los argumentos que dio, machistas, sexistas, imponiendo la carga en la víctima, en la niña, no en el agresor. Yo esperaba que fundara de manera jurídica esta negativa, no de una manera machista, prejuiciosa, sesgada como lo hizo”, dijo en entrevista con Animal Político la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) en Vallarta, Sandra Quiñones.

Luis Alonso fue sorprendido el domingo 26 de julio con una niña desnuda dentro de su coche. Él estaba parado junto a la puerta del copiloto y, cuando policías que hacían vigilancia en la zona se acercaron, se puso nervioso e intentó tapar el interior del vehículo. Adentro estaba la pequeña y, según lo que declaró después, el hombre presuntamente ya había estado tocando su cuerpo.

Una semana después, el 3 de agosto, se realizó la primera audiencia para vincularlo a proceso y fue cuando empezaron los tropiezos legales que han desatado una ola de indignación ante este caso.

El Ministerio Público Juan Alberto López Amaral pidió la imputación solo por un delito, abuso sexual infantil, y pidió la agravante de que la niña es menor de 12 años. Pero el Código Penal de Jalisco tiene una contradicción: las agravantes a este delito están estipuladas en el Artículo 142-N, donde dice que la pena se incrementará una tercera parte si la víctima tiene menos de esa edad. El problema es que el propio Artículo 142-L, que regula el abuso sexual, ya tiene una penalidad diferente dependiendo de la edad, de uno a cuatro años de prisión si la víctima tiene entre 12 y 17 años, y de tres a seis años de cárcel si es menor de los 12.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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