Conecta con nosotros

México

Funcionarios y diputados, en nómina de IEEPO

Diputados locales, un ex subprocurador de Justicia, ex funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), del transporte y presidentes municipales, cobraron en la nómina magisterial de la entidad por arriba de 916 mil pesos, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la búsqueda en el portal de pagos al magisterio correspondiente al primer trimestre de 2015, se pudo localizar a 10 actores políticos que además de sus salarios en cargos de la administración pública o de elección popular, recibieron el pago de las plazas que tienen como maestros, en contra de lo que establece la reforma educativa.

La Ley del Servicio Profesional Docente —vigente desde finales de 2013— establece en el Artículo 78 que las personas que acepten un puesto público o una comisión que impida el ejercicio de su función magisterial, “deberán separarse del servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.

En la revisión al portal con el que la SEP y los gobiernos estatales dan cumplimiento al artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se encontró un listado de maestros que, a pesar de desempeñarse en otros encargos públicos, recibieron recursos de forma improcedente dentro de la nómina magisterial. La suma total en salarios fue de 916 mil 589.48 pesos.

Las cifras del gobierno de Oaxaca estiman en 18 mil millones de pesos el costo de la nómina de poco más de 83 mil trabajadores que atienden a más de un millón de alumnos de la educación básica.

Un presidente municipal en esa entidad puede ganar hasta 50 mil pesos mensuales.

Privilegios. En la base de datos de la nómina magisterial destacan los casos de los presidentes municipales, todos ellos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de San Pablo y San Pedro Teposcocula, de San Marcos Arteaga, San Juan Coatzospam y San José Tenago. En tres de esos casos recibieron salarios de 40 mil pesos en promedio al trimestre y, sólo en uno de ellos, el ingreso para el presidente municipal fue de más de 112 mil pesos.

Se trata de Rafael Pereda Pereda, quien en el primer trimestre del año recibió 25 pagos correspondientes a las tres plazas que tiene adjudicadas en la educación básica y que sumaron 112 mil 588.33 pesos; además de lo que percibió como presidente municipal de San José Tenango.

En el caso de los presidentes municipales se encontró que todos ellos tenían una sola plaza. Felipe de Jesús Morales Lara, presidente municipal de San Pablo y San Pedro Teposcocula, percibió 81 mil 428 pesos; mientras que Marcos Antonio Rojas Loyola, munícipe de San Marcos Arteaga, con una plaza de personal de apoyo recibió 39 mil 618 pesos.

Alejandro Morales Pacheco, alcalde de San Juan Coatzospam, obtuvo ingresos por 41 mil 697.74 pesos en el primer trimestre del año.

Dentro del listado también está el síndico primero de la capital oaxaqueña, Leyessef Carrera Carrazco —vinculado al Partido Verde Ecologista de México—, quien con una plaza recibió nueve pagos por 40 mil 341.34 pesos, además de lo obtenido por su tarea como servidor público.

La nómina ubicó en esa decena de políticos a María Luisa Matus Fuentes, como la persona que mayores ingresos recibió en esta lista, con una suma de 175 mil 980.99 pesos en el primer trimestre del año; significa que sus ingresos promedio al mes fueron de 58 mil 600 pesos, a los que se adicionó su salario de más de 42 mil pesos por su tarea como diputada local del PRI en el distrito de Juchitán.

La legisladora cuenta en su trayectoria haber sido secretaria de organización de su partido y presidenta municipal de San Francisco Ixhuatlán, ligada al grupo del diputado federal priísta Samuel Gurrión, a quien se le señala como candidato a la gubernatura para el próximo año.

Matus Fuentes también se ha desempeñado como funcionaria en la Coordinación de Educación Básica y Normal del IEEPO entre el año 2009 y 2010.

Víctor Manuel Bautista Hernández, quien en ese periodo percibió cerca de 106 mil pesos, fungía como director de Educación en el municipio de Oaxaca mientras estaba registrado en la nómina magisterial; y, entre otras funciones, estuvo en la Coordinación de Personal y Relaciones Laborales del mismo IEEPO.

En la revisión que la SEP y el gobierno local hicieron a la nómina del año pasado se ubicó a Bautista Hernández dentro de las personas que cobraban con registro federal de contribuyentes erróneo, por lo que se corrigió esa situación y continuó percibiendo su salario de manera regular.

Isidro Inocente Joel, quien públicamente se ha descrito como “un aliado de la sección 22”, obtuvo 137 mil 108.36 pesos por una plaza en la educación básica, fue candidato por el PAN a una diputación federal y en otro momento ha sido diputado local.

Mientras Wilfrido Lulio Almaráz Santibáñez, se ha desempeñado como jefe del departamento de la Procuraduria para la Defensa del Indígena y llegó a ser subprocurador de Justicia de la entidad, recibió en el primer trimestre 111 mil 879.58 pesos.

El licenciado en Derecho forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.

En tanto que Margarita Liborio Arrazola obtuvo 69 mil 979.73 pesos por una plaza y ella se desempeñaba como líder del Movimiento Territorial por el PRI. En su trayectoria destaca haber sido diputada federal y local, secretaria general por el tricolor en la entidad y secretaria de organización de la Confederación Nacional Campesina.

Tomado de El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto