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Fusión de Disney y Fox incrementaría precios de TV por Cable en México

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La noticia de la compra de Fox por parte de Disney ha sido una excelente temática para quienes ansían que el universo fílmico de Marvel por fin de unifique entre lo de Marvel Films y 20th Century Fox; pero para los consumidores de TV por cable podría ser un terrible presagio.

Y es que un reporte del prestigioso medio financiero Forbes plantea que la estratosférica operación podría subir los precios de la TV por cable en nuestro país. Esto debido a factores como mantener la relevancia de los contenidos con que cuentan los operadores de la televisión de paga y un reordenamiento de las parrillas programáticas.

La causa serían los canales deportivos que existen en la oferta de TV por cable en nuestro país y el hecho de que Disney a través de su marca ESPN y Fox por su división Fox Sports controlan el 73.4% de todo el contenido deportivo que se incluye en los planes de televisión de paga, 36.5% y 36.9% respectivamente.

Y es que, según explica el artículo, el emporio de contenidos que resultaría de la fusión entre Disney y Fox los llevaría a contar con un poder de negociación superlativa frente a los operadores, lo que abriría la puerta a que el corporativo subiera sus tarifas a los distribuidores de TV por cable y que estos transmitan ese costo a los consumidores, primordialmente en los que cuenta con los planes más económicos.

Así lo explica Ernesto Piedras, autor del artículo de Forbes:

En promedio, los paquetes de menor costo (menos de 299 pesos) contratados por 63.5% de los suscriptores obtienen 79.2% de sus canales deportivos de Disney y Fox. Mientras tanto, los paquetes entre 300 y 699 pesos reducen esta participación a 63.6% y aquellos superiores a 700 pesos 58.8%.

Como consecuencia, esta configuración de la oferta de contenidos deportivos implica que un cambio en las condiciones comerciales ejercería efectos perniciosos en la gran mayoría de los suscriptores de TV de paga, precisamente aquellos que cuentan con menores alternativas de consumo de contenidos deportivos.

El órgano público que se encarga de regular cómo se aplicará la fusión entre Disney y Fox en nuestro país es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), una vez que obtenga el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

De acuerdo con varios reportes, el IFT ya se encuentra revisando la operación, que es de gran relevancia por su magnitud y por la relevancia de ambas empresas como proveedores de contenido pagado, “específicamente a través de canales de programación lineal y plataformas de video bajo demanda por internet “Over-the-Top”, delinea Forbes.

“En nuestro país, los principales operadores de televisión restringida ofrecen un total de 48 canales de contenidos deportivos (SD+HD), de los cuales casi una tercera parte (31.2%) provienen de la dupla Disney-Fox. Sin embargo, el análisis no puede limitarse a un simple criterio de porcentajes absolutos, pues lo que las autoridades deben revisar, es el peso de los distintos canales en las preferencias de las audiencias. Estas no resultan comparables directamente entre sí, debido a sus importantes diferencias cuando son segmentadas por horarios, cobertura y programación, entre otros”, concluye el artículo.

Fuente: Unocero

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SocialMediaCUU explica porqué las redes sociales son trascendentales en las elecciones

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Los datos que proporciona el INE respecto de la lista nominal, es decir, la lista de personas que ya tienen credencial para votar, muestra un porcentaje muy amplio de gente joven que votará por primera vez. Entre sus principales características está el hecho de que utilizan principalmente medios digitales para informarse y, por su número, representan un valioso mercado para todos los partidos políticos.


 

En la lista nominal se cuentan poco más de 98 millones de personas, al corte de febrero de 2024. Así, en el país existen poco más de 15 millones de personas inscritas entre los 18 y 24 años; es decir, primovotantes, lo que representa el 15% del total.

Si sumamos a la población millennial y centennial, es decir, todas las personas de 18 a 39 años inscritas, tenemos a casi 47 millones, que representan al 48%, es decir, prácticamente la mitad del universo de votantes.

Las cifras son claras: 15 millones de personas que no han participado jamás en un proceso electoral presidencial (y posiblemente en ningún otro) y que, estadística e históricamente, no tienen una preferencia política definida, pueden inclinar la balanza a favor de cualquier candidata o candidato; y casi la mitad de la lista nominal utiliza Internet y medios digitales para enterarse de las propuestas de las y los actores políticos.

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad Y Uso De Tecnologías De La Información En Los Hogares (ENDUTIH), en el país existen 93 millones de internautas, siendo la franja de edad de los 18 a los 34 años, la que más se conecta a la red. Por otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestra que las audiencias de radio han bajado a un 8.9% del universo de personas que pueden recibir una señal y las de televisión, a 14.1%. Para radio, las audiencias principales se encuentran en el rango de edad de 35 a 44 años, y las de TV se sitúan en 45 años o más.

Y es en este sentido en donde se plantea la problemática de las leyes electorales, ya que se tienen medios tradicionales como la televisión, la prensa impresa y la radio sobrerregulados, que incluso llevaron al INE a convertirse en una especie de central de medios gracias a la excesiva espotización; no obstante, los medios digitales, los más consultados por un enorme segmento de la población, no fueron tomados en cuenta en las normativas actuales.

Las plataformas digitales se convierten en una especie de tierra sin ley que permite a partidos y actores políticos realizar prácticas no éticas sin temor a sanción alguna ya que no solo no se contemplan acciones de comunicación política digital o fiscalización adecuada, además las normativas vigentes solo son aplicables a autoridades, actores y partidos políticos, no obstante, cualquier persona puede hacer una campaña electoral utilizando redes sociales y plataformas digitales.

De ahí la necesidad de crear marcos legales que permitan que las y los ciudadanos puedan elegir de manera libre, autónoma y sin cohesión a sus gobernantes, ya que tal y como se encuentra el panorama normativo electoral, la posibilidad de crear estrategias al marco de la ley para favorecer o entorpecer las campañas es muy alta, frente a un riesgo prácticamente nulo.

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