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General Cienfuegos es representado por abogados que cobran de 800 a mil dólares por hora

Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, contrató a la misma firma de abogados que defiende a César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, y a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa.

Los litigantes de la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan cobran entre 800 y mil dólares por hora facturada, de acuerdo con la periodista Isabella González del periódico Reforma.

En la fugaz audiencia de este viernes 16 de octubre, Cienfuegos fue representado por Duane Lions y Juan Pablo Morillo, de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Entre los clientes de la firma estadounidense está también el comediante Bill Cosby, quien ya fue sentenciado por delitos de violación.

La “Operación Padrino”, como bautizó la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) a la investigación contra Salvador Cienfuegos, ha tumbado la presunta red de narcotráfico del general retirado en Estados Unidos.

Cienfuegos fue acusado este viernes de narcotráfico y blanqueo de dinero, horas después de ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Los crímenes, según la acusación, se habrían cometido hace tres años, de 2015 a 2017, cuando Cienfuegos estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

La audiencia de presentación de Cienfuegos ante la Justicia estadounidense arrancó a las 15.00 hora local (00.00 GMT) y duró cinco minutos.

En ese corto tiempo, el exministro confirmó que había leído y entendido los cuatro cargos que enfrenta, relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de dinero.

Cienfuegos permanecerá interno en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles por lo menos hasta la próxima audiencia, que se celebrará el martes a las 13.00 hora local (22.00 GMT).

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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