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Gestiona diputado ante federación cese el decomisos de vehículos irregulares

Con el objetivo de no afectar más la economía de las familias chihuahuenses por la contingencia de salud, el diputado Omar Bazán gestiona el gobierno federal cese decomiso de vehículos irregulares.

A través de un oficio al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, el legislador priista señala que dichos automotores constituyen una necesidad básica para cientos de familias sobre todo en la región fronteriza del estado de Chihuahua.

El vicepresidente del Congreso del Estado le explicó además que los poseedores de vehículos irregulares no cuentan con los recursos económicos para pagar un trámite de importación y menos en este difícil momento de crisis de salud que mantiene a Chihuahua en semáforo rojo por el COVID-19.

Somos conscientes de la importancia que reviste la identificación de unidades para diversos temas como el de seguridad, indicó Omar Bazán en la misiva.

«Por ello es fundamental implementar mecanismos que den certeza jurídica a las familias de bajos recursos que cuentan con este tipo de vehículos en lugar de su incautación», señaló el también dirigente estatal del PRI.

El diputado Bazán recordó que meses atrás presentó una iniciativa de reforma a la Ley Aduanera como una propuesta de la legislatura al Congreso de la Unión, para un proceso de regularización de vehículos acorde a la situación económica que se vive en el país y que permitiera a las autoridades de los tres órdenes de gobierno tener un inventario real de las unidades que circulan en el país.

El legislador priista dijo confiar en que su solicitud al funcionario federal tenga una respuesta favorable porque atiende a una causa justa y pudiera derivar en una solución de certeza jurídica para miles de familias en el país.

Finalmente anunció que pedirá a la Auditoría Superior del Estado revise el uso de los recursos que ha recaudado el Gobierno del Estado por concepto de multas en las acciones de aseguramiento de unidades irregulares.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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