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México

GM dice que sería «muy costoso» trasladar a EU producción de SUV en México

La presidenta ejecutiva de General Motors, Mary Barra, dijo el miércoles que la automotriz está cerca de lanzar la producción de su modelo Chevrolet Blazer en México y agregó que sería «muy costoso» trasladar el montaje a una planta en Estados Unidos.

GM anunció en junio que construiría la Blazer en México, lo que motivó críticas y presiones de algunos legisladores para que arme el vehículo en alguna de las plantas de montaje que la compañía está paralizando.

Barra afirmó que la Blazer será «lanzada en los próximos días». Agregó que GM planea iniciar la producción de varios vehículos nuevos en Estados Unidos, incluidos dos nuevos modelos de Cadillac que se montarán en Michigan el próximo año.

La ejecutiva prometió mantener una «mente abierta» sobre el futuro de una planta en Ohio que perderá parte de su producción de vehículos, pero advirtió que la automotriz de Detroit tiene un exceso de capacidad y no sugirió que la empresa esté reevaluando su plan.

Dos senadores de Ohio y otros legisladores estadounidenses han presionado a Barra para que traslade producción desde México o construya vehículos eléctricos en la planta Lordstown Assembly en su estado, que la compañía ha dicho que pretende cerrar.

«Quiero asegurarme de que la fuerza laboral sabe que hay limitaciones y que tenemos un exceso de capacidad en el país», dijo Barra instando a los empleados en las plantas que serán cerradas que consideren seriamente las ofertas de GM para trabajar en otras zonas del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a GM la semana pasada que la compañía «mejor» debía hallar un nuevo vehículo para construir en la planta en Ohio, estado que podría ser clave para sus posibilidades de ganar la reelección en 2020.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump, Barra no respondió directamente, pero dijo que entiende la fuerte reacción en Washington.

«Entiendo que esto es algo que impacta al país y entiendo que hay mucha emotividad y preocupación», afirmó Barra.

GM dijo la semana pasada que cerraría cinco plantas de montaje en Norteamérica el próximo año y recortaría hasta 15 mil puestos de trabajo. La empresa atribuyó la necesidad de la reestructuración a una desaceleración de las ventas de autos.

Fuente: El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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