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México

GM invertirá más de 1.000 millones de dólares para producir vehículos eléctricos en México y el plan es tachado de «bofetada» por obreros de EE.UU.

El fabricante automotriz estadounidense General Motors dio a conocer este jueves sus planes de invertir más de 1.000 millones de dólares en su planta de Ramos Arizpe (México) para fabricar vehículos eléctricos. El anunció ha generado la indignación de un sindicato de trabajadores del sector en EE.UU.

Ubicada en el estado de Coahuila, fronterizo con Texas, la fábrica ensambla actualmente vehículos de combustión interna, como los modelos Chevrolet Equinox y Chevrolet Blazer, además de motores y cajas de transmisión. El lanzamiento de los vehículos eléctricos está previsto para 2023.

Con mayor celeridad aún, en junio próximo se inaugurará dentro del complejo una planta de pintura, mientras que en el segundo semestre de este año se iniciará la fabricación de baterías y componentes eléctricos, incluyendo sistemas de propulsión.

GM afirmó en un comunicado que parte de la inversión inicial está dirigida a una expansión «con el objetivo de convertir al complejo Ramos Arizpe en la quinta planta manufacturera de GM Norteamérica en producir vehículos eléctricos».

Las otras son las de Spring Hill, Tennessee; Factory Zero, en Detroit-HamTramck, Michigan; Orion, en Michigan, y CAMI en Ingersoll, Ontario (Canadá).

Bofetada indecorosa

En Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers (UAW) criticó duramente la decisión de GM de desarrollar la fabricación de vehículos eléctricos en México, en vez de emplear mano de obra nacional para este fin.

«En momentos en que GM está solicitando inversiones significativas al Gobierno estadounidense para subvencionar los vehículos eléctricos, esto es una bofetada no solo para los miembros de UAW y sus familias, sino también para los contribuyentes y toda la fuerza laboral estadounidense», reclamó el vicepresidente de la organización sindical, Ferry Ditties, al calificar de «indecoroso» el aceptar subsidios gubernamentales y fabricar vehículos fuera de EE.UU.

La planta de Ramos Arizpe seguirá produciendo vehículos Chevrolet Equinox y Chevrolet Blazer, así como motores y transmisiones. Actualmente emplea de manera directa a 5.600 personas y, además de producir para el mercado doméstico, exporta a más de 40 países.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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