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Gobernación defiende inspecciones en centros de rehabilitación y desmiente cobros ilegales

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El subdirector de Gobernación, Pedro Germán Oliva Jiménez, respaldó los operativos de inspección realizados en centros de rehabilitación y rechazó las acusaciones de presunta extorsión que han señalado algunos establecimientos contra la dependencia.

El funcionario explicó que las revisiones forman parte de la estrategia de seguridad y tienen como objetivo verificar condiciones mínimas de legalidad y salubridad. Durante los operativos, indicó, se han detectado consumo de drogas y alcohol, personas con reporte de desaparición, órdenes de aprehensión vigentes y condiciones insalubres, situaciones que representan un riesgo directo para los internos. Ante estos hallazgos, precisó, se procede a la clausura inmediata por incumplimiento de requisitos básicos de operación.

Frente a los señalamientos de cobros indebidos, Oliva Jiménez sostuvo que las multas aplicadas se ajustan a los rangos establecidos por la normatividad vigente, que van de 50 a 650 UMAS, equivalentes a entre 5 mil 500 y 75 mil pesos aproximadamente. Detalló que se han realizado 45 inspecciones, levantado 31 actas y aplicado sanciones de entre 5 mil 865 y 33 mil 900 pesos, cifras que, afirmó, contradicen las versiones sobre supuestas cuotas semanales de 20 mil pesos.

El subdirector informó además que uno de los centros interpuso un amparo para frenar las acciones de la autoridad, sin embargo, el órgano judicial no otorgó la protección solicitada. Indicó que las inspecciones continuarán bajo el mismo esquema, con la salvaguarda de la integridad de los internos como prioridad.

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Diputada Brenda Ríos propone revisar arrendamiento de patrullas en Chihuahua; PAN vota en contra

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La diputada local Brenda Ríos presentó en el Congreso del Estado un exhorto para revisar el modelo de arrendamiento de patrullas que utiliza el Ayuntamiento de Chihuahua; sin embargo, la propuesta no obtuvo el respaldo de legisladores del Partido Acción Nacional, quienes votaron en contra de solicitar mayor transparencia sobre este esquema.

La legisladora explicó que el exhorto planteaba que el municipio analizara el modelo actual de renta de unidades policiales y evaluara alternativas que permitan un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a la seguridad.

De acuerdo con Ríos, actualmente el municipio opera alrededor de 200 patrullas bajo un contrato de arrendamiento vigente hasta el año 2028, unidades que al término del acuerdo no pasarían a formar parte del patrimonio municipal.

La diputada señaló que una patrulla equipada tiene un costo aproximado de 1.2 millones de pesos. Bajo ese cálculo, la adquisición de 200 unidades representaría una inversión cercana a los 240 millones de pesos.

En contraste, indicó que mediante el esquema de arrendamiento el municipio podría terminar pagando más de mil 500 millones de pesos durante la vigencia del contrato, sin que los vehículos queden como propiedad de la ciudad.

El exhorto también contemplaba solicitar un informe detallado del contrato vigente, realizar un análisis comparativo entre la compra y la renta de patrullas, así como evaluar la posibilidad de implementar un modelo mixto que permita optimizar el uso de los recursos públicos.

Además, la propuesta planteaba garantizar que el equipamiento tecnológico y la información generada por las patrullas permanezcan bajo control del municipio.

“Revisar este modelo no es confrontar, es actuar con responsabilidad para cuidar el dinero público de las y los chihuahuenses”, expresó la legisladora durante la presentación del exhorto en el Congreso estatal.

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