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México

Gobernador de Colima rechaza tener vínculos con el crimen organizado

El gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, rechazó tajante tener vínculos con el crimen organizado, y acusó que se trata de campañas de desprestigio relacionadas con el tema electoral, por lo quepresentará denuncias contra los responsables.

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, dijo que no lo hizo «antes ni después, y mucho menos lo haría ahora como gobernador».

Demuestro con pruebas y documentos que jamás he realizado ninguna conducta delictiva o acto que tenga que avergonzarme, ni personal, ni institucional. No lo hice antes, no lo voy a hacer después, y mucho menos lo haría ahora como gobernador del estado».

Relató que se desató una «feroz campaña» en su contra porque era uno de los priistas que aparecían con probabilidades de ganar la gubernatura, «por supuesto para que yo no llegara a ser gobernador».

Su servidor era el que aparecía como uno de los priistas con mayores probabilidades de llegar a ganar y por esa razón se desató una feroz campaña en mi contra con el propósito de desacreditarme, de que yo no fuera candidato y, por supuesto, de que yo no llegara a ser gobernador».

Hoy vuelven las campañas de desprestigio y es precisamente por el mismo tema, el tema electoral».

Anguiano Moreno destacó que «no hay una sola duda de que este tema o esta acusación tenía fines políticos con el propósito de desacreditarme a mi, de dañar al candidato del partido al que yo pertenezco, y por supuesto, que buscaban beneficiar al candidato del Partido Acción Nacional».

Respecto a las pruebas del polígrafo, el gobernador de Colima aceptó porque dijo «no tengo nada que ocultar».

La persona que lo realizó, el licenciado Mauricio Ortega, de la empresa Ética Poligrafía cuando vio el video fue comentado por él mismo, es un video que fue editado y manipulado, pero además yo tengo un documento que en su momento extendí al licenciado Mauricio Ortega donde destaca que la prueba no se condujo con el control de los factores externos y que fue interrumpida en varias ocasiones. Los registros que representaban no eran claros».

El examen no se concluyó y por lo tanto tampoco fue reprobar», agregó.

Por estos hechos, Anguiano Moreno aseguró que va a presentar una denuncia contra los responsables de esta campaña de difamación.

Por supuesto que te digo que vamos a poner una querella por difamación y por supuesto que una demanda por daño moral en contra del ex candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, contra el presidente del Partido Acción Nacional en Colima, y en contra del Partido Acción Nacional a nivel país», afirmó.

Excélsior.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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