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Gobernador de Guanajuato respalda que EU designe a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

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El gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dio su espaldarazo al anuncio hecho por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para declarar como “terroristas” a los cárteles del narcotráfico mexicanos.

“Creo que los mexicanos verían bien inclusive que vinieran fuerzas de otros países a ayudarnos a combatir este cáncer”, declaró el gobernador, aludiendo a los grupos del narcotráfico.

“Estoy a favor de denominar esto (los cárteles) como narcotráfico; no hay otra manera de explicar eso que intentan generar en la población, que es terror”, expresó textualmente.

De hecho, en Guanajuato algunas acciones del crimen organizado han sido ya consignadas por la Fiscalía General del Estado como terrorismo y así se ha vinculado a proceso a varios detenidos, por lo menos desde el año 2015.

Por ejemplo, en octubre del año pasado, un grupo de personas incendió patrullas y una motocicleta en plena plaza principal de Jerécuaro. El grupo había sido transportado a Jerécuaro desde un municipio vecino en un autobús contratado exprofeso. Treinta personas fueron detenidas, acusadas y vinculadas por terrorismo por un juez penal.

A principios de julio pasado, civiles cerraron la carretera Salamanca-Celaya a la altura de Villagrán, tras el asesinato de un joven originario de Santa Rosa de Lima por Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que han sido acusados de incurrir en una presunta ejecución extrajudicial.

Por los bloqueos ocho personas fueron detenidas y puestas a disposición de un juez penal también acusadas de terrorismo. Incluso, un hombre detenido en León en el 2017 por presuntamente colgar varias mantas con mensajes atribuidos al crimen organizado fue también acusado de este delito por la FGE.

En su explicación, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez afirmó que “dejar cuerpos desmembrados, poner narco mantas, este tipo de acciones al final generan terror en la población”.

Aunque dijo respetar la política exterior que está a cargo del gobierno federal, y las posturas que al respecto tienen el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, Diego Sinhue Rodríguez sostuvo que si el gobierno de Trump lo ve como una posibilidad, está a favor.

Fuente: Proceso

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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