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Gobernador y Fiscal concentrados en próximas elecciones; Seguridad en el estado un fracaso: Colunga

El diputado Miguel Ángel Colunga Martínez exhortó a al Ejecutivo Estatal, a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para priorizar el tema de la mesa de seguridad en la agenda estatal, poniendo énfasis a los últimos acontecimientos en la Ciudad Juárez Chihuahua luego de asegurar que la agenda del Gobernador Estatal y del Fiscal General del Estado se han concentrado en las próximas elecciones; no pueden dejar pasar por alto, la necesidad de seguridad, justicia e impunidad que reclaman las familias chihuahuenses.

Durante su participación el legislador de Morena expuso que durante el año 2019, Chihuahua registró 2,936 defunciones por homicidios, siendo 308 de mujeres y 2,625 de hombres. Ubicando a nivel nacional al estado de Chihuahua en el tercer lugar. El delito de feminicidio representa el 0.05% en la incidencia delictiva total de enero a diciembre 2020. Durante este mismo periodo, Ciudad Juárez, ocupa el primer lugar de los 100 municipios con mayores delitos por femicidio en nuestro país, registrando 2.59 delitos por cada 100 mil mujeres.

El diputado de Morena cuestionó las administraciones del Gobierno Estatal y del Municipio de Ciudad Juárez por ser consideradas las más violentas desde el año 2010. De conformidad con las cifras presentadas por la Fiscalía de Distrito y la Mesa de Seguridad y Justicia Ciudadana, desde su llegada al poder se han cometido más de 5 mil 155 homicidios.

Miguel Ángel Colunga Martínez citó uno de los últimos acontecimientos en Ciudad Juárez donde cinco elementos de la Comisión Estatal de Seguridad resultaron responsables de la desaparición, y posterior homicidio tanto de Irving Zaragoza de 27 años como de Fátima López de 18 años.

El legislador de Morena recordó que en dicha conferencia de prensa el Fiscal del Estado informó que como antecedente en torno a este lamentable hecho, una de las víctimas habría participado previamente en el homicidio del hermano de uno de los agresores, ahí es donde tiene origen, o la causa por la cual se dio esta situación.

En consecuencia, uno los agresores, aprovechando las circunstancias en que se encontraba, lo localizó, lo ubicó y finalmente le provocó la desaparición forzada y posteriormente sabemos el resultado, lo privó de la vida.

“Como legisladores debemos evitar caer en la incongruencia, es necesario ser enérgicos y señalar los abusos de autoridad que se han presentado, no solo aquellos que beneficien al partido que representamos pues, así como está legislatura se unió para pedir justicia ante la muerte de Jessica Silva y el atentado contra su esposo Jaime Torres, de la misma manera debemos actuar ante el asesinato de esta pareja de jóvenes a manos de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad”, expresó Miguel Ángel Colunga Martínez.

Hacer justicia por su propia mano nunca debe ser una opción para nadie y el portar una insignia como agente policiaco de cualquiera de las corporaciones debe corresponder a la obligación de proteger a las y los ciudadanos. ¿Qué seguridad podemos esperar de aquellos a los que se les ve como verdugos y no como protectores?, cuestionó el legislador.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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