Conecta con nosotros

Slider Principal

Gobierno anuncia que sólo pagará a proveedores que aplicaron precios razonables

El Gobierno del Estado pagará deudas, solo a los proveedores que comprueben que cumplieron con tres condiciones que establece la ley, en materia de contratación de obras y servicios para la administración pública, informó el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.
Las condiciones que se exigirán a los proveedores que demandan pagos al Gobierno son: que la contratación del servicio se haya hecho conforme a derecho; bienes y servicios proyectados a precio razonable y justo; y que el servicio o producto haya sido entregado, expuso el funcionario.
Fuentes Vélez compareció la tarde del miércoles 14 de diciembre ante el H. Congreso del Estado, en donde explicó el paquete económico para el próximo año. Al abordar el tema de los compromisos de pago que dejó la anterior administración, el secretario detalló que son 411 millones de pesos a proveedores.
Además, se deben mil cuatro millones de pesos por pasivos con Gobierno Federal; 925 por costos operativos de diversos organismos paraestatales y mil 259 en subsidios a organismos paraestatales, entre otros adeudos, para un total de 3 mil 599 millones de pesos.
El funcionario señaló que esos pasivos son independientemente de las deudas bancarias de largo plazo y las emisiones bursátiles, las cuales suman más de 49 mil millones de pesos.
Cuestionado acerca de la probable emisión de bonos bursátiles, expuso que será en abril de 2017 cuando se tomará esa decisión, que será en función de los ahorros que se hayan logrado con las medidas de austeridad, y el comportamiento de la recaudación, tanto de ingresos propios como de participaciones federales.

La emisión sería por 2 mil 800 millones de pesos, recursos que se destinarán específicamente para la ejecución de obra pública.

A pregunta expresa, con relación a diputadas y diputados de la LXV Legislatura, el funcionario estatal detalló, que durante el primer trimestre del año se registra la mayor recaudación de ingresos propios y participaciones federales, de ahí que se haya contemplado la probable bursatilización hasta el mes de abril.
En su presentación ante el pleno del Congreso del Estado, Fuentes Vélez aclaró que el Gobierno estatal espera recaudar 700 millones de pesos en ingresos adicionales, mediante una adecuada aplicación de los estímulos fiscales, así como el cobro de la emisión de la tarjeta de circulación, la cual tendrá un costo de 150 pesos, y la ampliación de la base tributaria.
Aclaró que en 2017, no se dará un incremento en la plantilla de trabajadores al servicio de Gobierno del Estado, como se había señalado en otras presentaciones ante el Congreso del Estado, sino que esta tendrá una reducción. “Lo hacemos con los datos en la mano, porque tenemos el ejercicio y podemos proyectar que habrá menos gastos en esos rubros”, afirmó.
Explicó que el supuesto incremento de plazas, se debe a la incorporación de los trabajadores de dos dependencias que anteriormente eran descentralizadas, como son la Coordinadora de la Tarahumara, convertida ahora en Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, y el Instituto Chihuahuense de la Cultura que será la Secretaría de Cultura.
En cuanto a la creación de la Secretaría de Desarrollo Municipal, dijo que no implicará la contratación de más personal, ya que las necesidades de esa nueva dependencia, se cubrirán con plazas que estaban vacantes.
Finalmente, resaltó el hecho de que esta comparecencia es la sexta ante el H. Congreso del Estado, por lo que agradeció a las diputadas y diputados las atenciones recibidas y les expresó su disposición de regresar cuantas veces se lo soliciten, para exponer cada concepto sobre el cual subsista alguna duda.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto