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Revista

Gobierno de BC rechaza señalamientos de Julio César Chávez

El gobierno de Baja California rechazó terminantemente cualquier denuncia o solicitud formal de parte del ex boxeador Julio César Chávez González por la amenaza de un supuesto secuestro en su contra en Tijuana y estableció la administración estatal que de haberla la habrían atendido en tiempo y forma, como lo declaró a los medios de Sinaloa el ex púgil mexicano.

A través de un comunicado de prensa, Raúl Raynoso Nuño, director de Comunicación Social de Baja California, señaló que incluso en la coordinación existente con las autoridades de Estados Unidos, no existe «referencia a un posible intento de secuestro» en contra del boxeador mexicano o algún familiar suyo.

Incluso expresó que el Consulado de Estados Unidos y los enlaces estadunidenses, así como el jefe de Enlace Internacional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que «no existe alerta alguna respecto de Julio César Chávez ni solicitud de protección alguna que hayan solicitado».

El ex campeón mundial de boxeo, señaló este lunes en Culiacán, Sinaloa que la información del pretendido secuestro que le compartió el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, se la transmitió a Francisco Vega De Lamadrid, gobernador de Baja California y a las autoridades de Tijuana pero hasta el momento no han hecho nada.

Diversos medios de información publicaron que Chávez González manifestó: «creo que están esperando a que me pase algo para actuar, pero ya para qué».

El ex boxeador aseguró que el FBI tiene identificado al posible secuestrador, pero no quiso dar su nombre para no alertarlo.

Reynoso Nuño indicó en el comunicado oficial que la administración estatal se unió a la pena que embarga al exboxeador Julio César Chávez González y su familia por el fallecimiento de Rafael Chávez González, hermano del ex púgil, quien fue asesinado en Culiacán, Sinaloa.

Precisó que actualmente no existe una denuncia o solicitud formal en ese sentido por parte de Chávez González ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, o cualquier otra autoridad de seguridad de la entidad.

De igual forma y con base en la coordinación con Estados Unidos tampoco se tiene información o alerta emitida por autoridades norteamericanas donde se haga referencia a un posible intento de secuestro en contra de Julio César Chávez o de algún familiar.

El vocero del gobernador Vega De Lamadrid indicó que las autoridades investigadoras darán seguimiento a dicho señalamiento pues para el gobierno de Baja California lo más importante es y siempre será la seguridad de los ciudadanos.

Revista

Detienen a Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla

Marilyn Cote, quien se hacía pasar por psiquiatra en Puebla, fue detenida este jueves 21 de noviembre en el estado de Tlaxcala. La Fiscalía General del Estado de Puebla, en colaboración con la Fiscalía de Tlaxcala, cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por el delito de usurpación de profesión.

Cote, abogada de profesión con una maestría en Criminalística y un doctorado en Psicología Clínica, ejercía ilegalmente como psiquiatra, prescribiendo medicamentos controlados sin contar con la cédula profesional correspondiente. Su consultorio, ubicado en las Torres Médicas de Angelópolis, fue clausurado por la Secretaría de Salud de Puebla tras descubrirse que no contaba con la documentación necesaria para operar.

La Fiscalía de Puebla ha recibido al menos cinco denuncias de pacientes que fueron atendidos por Cote, quienes reportaron efectos adversos debido a la medicación prescrita por ella. Durante un cateo en su consultorio, las autoridades aseguraron documentos con aparentes falsificaciones que le permitían ejercer profesiones sin los requisitos legales.

Este caso ha generado preocupación sobre la verificación de credenciales de los profesionales de la salud en México. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la gravedad de ofrecer servicios de salud sin la cédula profesional adecuada, subrayando que, además de ser un fraude, representa un riesgo significativo para la salud pública.

Marilyn Cote enfrenta cargos por usurpación de profesión y falsificación de documentos, delitos que podrían conllevar penas de hasta seis años de prisión. Las autoridades continúan investigando para determinar si existen más víctimas y si se cometieron otros delitos relacionados.

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