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México

Gobierno de Cuauhtémoc Blanco cancela Feria de Cuernavaca por inseguridad

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La Feria de Cuernavaca fue cancelada por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, debido a las «terribles» condiciones de inseguridad que privan a la capital y principalmente porque el año pasado mataron al empresario encargado de organizar el evento anual.

La decisión se tomó porque el gobierno de Graco Ramírez no puede garantizar la seguridad y la administración municipal carece de policías, los cuales dependen del Mando Único, informó el secretario municipal, Samuel Sotelo Salgado.

El funcionario comentó que no es la primera vez que se cancela el evento: «Hay que decirle a la ciudadanía que debe estar tranquila con la cancelación de esta feria, pero es por las medidas de seguridad que se deben tomar», dijo.

Recordó que el 7 de abril del año pasado, a Juan Manuel García Bejarano, empresario encargado de organizar la Feria de Cuernavaca, en compañía de un grupo de personas fue asesinado a balazos por un sujeto cuando se realizaba la tradicional cabalgata previa a la inauguración, según Proceso.

El homicidio ocurrió alrededor de las siete de la noche en la avenida Plan de Ayala casi esquina con Teopanzolco. El atacante se puso frente al empresario y, sin mediar palabra, abrió fuego contra su víctima. El asesinato no pudo ser impedido por los elementos de seguridad, sin embargo, fue detenido el responsable minutos más tarde.

El asesino, identificado como José, fue declarado formalmente preso al día siguiente. Días después fue vinculado a proceso. El acusado solicitó hacer una confesión privada ante el juez. Los abogados filtraron a los medios que José había declarado que Cuauhtémoc Blanco Bravo pagó el contrato del homicidio.

Sin embargo, hace unos meses, el detenido aseguró que declaró eso en su momento, pues le prometieron en la Fiscalía que su condena se reduciría, pero no se concretó el pacto.

Por lo ocurrido, el ayuntamiento determinó que el asesinato intimidó a los asistentes, por lo que la Feria fracasó.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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