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Gobierno de AMLO responde al Parlamento Europeo y los califica de borregos y golpistas

El gobierno mexicano encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desestimó el llamado que realizó el Parlamento Europeo para que la actual administración garantice la protección y creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los Derechos Humanos.

“Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”, señaló el gobierno federal.

Mediante una resolución, aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, los eurodiputados resaltaron que la situación contra la prensa en México se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio del 2018, cuando fue electo el actual mandatario.

Ante tal hecho, la Presidencia de la Republica afirmó, mediante un comunicado, que en México no se reprime a nadie y se respeta el trabajo que ejercen los periodistas en el país. Señaló que el Estado no viola los Derechos Humanos como, consideró, sucedía con los gobiernos anteriores.

“Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia”.

De igual manera se pidió a los diputados del Parlamento Europeo que dejen atrás “su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial”.

La Presidencia de la República señaló que México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y el diálogo, no la guerra. De tal manera que no se envía armas a ninguna Nación bajo ninguna circunstancia, “como ustedes lo están haciendo ahora”.

Chihuahua

Escándalo en Juárez: hallan al menos 60 cuerpos almacenados en crematorio subcontratado por funerarias

Ciudad Juárez.— La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) inició este viernes un operativo especial de revisión en un crematorio local tras el hallazgo de decenas de cadáveres almacenados de forma irregular, situación que ha encendido alarmas tanto sanitarias como legales en la frontera.

Luis Carlos Tarín Villamar, titular de la Coespris, informó que de manera preliminar se contabilizan cerca de 60 cuerpos en el establecimiento, el cual prestaba servicios mediante subcontratación a por lo menos tres funerarias de Ciudad Juárez. El funcionario precisó que el lugar ya contaba con antecedentes por incumplimiento, incluyendo una multa económica impuesta en 2020 tras detectarse una situación similar durante la saturación de servicios funerarios provocada por la pandemia de COVID-19.

Tarín explicó que el operativo en curso tiene cuatro objetivos principales: la clausura oficial del crematorio por violaciones a protocolos y reglamentos sanitarios; una verificación minuciosa del inmueble; el inicio de procesos para identificar los cuerpos almacenados; y una revisión integral de la documentación administrativa del establecimiento.

En coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, se están implementando acciones para brindar apoyo directo a los familiares de los fallecidos. Hasta ahora no se ha confirmado si entre los cuerpos hay casos reportados como desaparecidos o víctimas de delitos.

El titular de Coespris aclaró que no se trata de un crematorio clandestino, pero sí de un establecimiento que ha operado con deficiencias graves en el cumplimiento de las normas sanitarias, lo que ahora ha derivado en esta nueva crisis.

Las autoridades no han revelado públicamente la ubicación exacta del lugar ni los nombres de las funerarias implicadas, pero se espera que en las próximas horas se emita información oficial conforme avance la investigación.

La noticia ha generado conmoción en la comunidad juarense, donde los familiares exigen respuestas, transparencia y sanciones ejemplares contra los responsables. Mientras tanto, el inmueble permanece bajo resguardo de las autoridades estatales.

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