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México

Gobierno de Campeche expropia terrenos ligados a ‘Alito’ Moreno para construir universidad de salud

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El Gobierno de Campeche anunció la expropiación de terrenos en la zona de Lomas del Castillo, vinculados al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, con el fin de edificar la Universidad Nacional Rosario Castellanos, especializada en ciencias de la salud. La decisión fue publicada en el Diario Oficial del Estado y se sustenta en un dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el pasado 26 de septiembre.

Los predios abarcan poco más de siete hectáreas y aparecen registrados a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero y Juan José Salazar Ferrer, este último señalado en diversas investigaciones como presunto prestanombres del exgobernador priista.

La gobernadora Layda Sansores destacó que la medida responde al interés público: “Con base en la reciente reforma a la Ley de Expropiación, hoy publicamos la declaratoria de utilidad pública con el propósito de construir e implementar la Universidad Nacional Rosario Castellanos, orientada a ciencias de la salud, un proyecto de gran relevancia impulsado por nuestra Presidenta”, expresó.

Este nuevo episodio se suma al proceso legal que enfrenta Alejandro Moreno. La Fiscalía de Campeche lo investiga por presunto peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones durante su gestión como gobernador de 2015 a 2019, lo que derivó en un proceso de desafuero en su contra.

En respuesta, “Alito” Moreno acusó que la expropiación es parte de una persecución política en su contra y rechazó cualquier vínculo con los terrenos señalados. Calificó las acciones del gobierno estatal como “locuras, falsedades y calumnias”.

La decisión de Sansores no solo pone de nuevo en el centro del debate los bienes asociados al líder priista, sino que abre paso a la construcción de una institución educativa que, según las autoridades, busca atender la creciente demanda de formación en el sector salud en la entidad.

México

Gobierno federal cerrará en 2026 el programa de regularización de autos chocolate

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El Gobierno de México anunció que a partir de 2026 concluirá de manera definitiva el programa de regularización de vehículos conocidos como autos chocolate, con lo que se pondrá fin a una política que estuvo vigente desde 2022 y que permitió la incorporación legal de millones de unidades al padrón vehicular nacional.

La administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el esquema, implementado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cumplió con su objetivo principal, por lo que mantenerlo en operación ya no resulta necesario. La decisión marca el cierre de un programa que tuvo un impacto significativo en diversas entidades del país.

El programa de regularización fue creado con la finalidad de otorgar certeza jurídica a personas que utilizaban vehículos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, los cuales habían ingresado al país sin cumplir con los requisitos formales de importación. A través de este mecanismo, dichas unidades pudieron registrarse legalmente y circular conforme a la normatividad vigente.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta el 25 de noviembre de 2025 se habían regularizado 2 millones 987 mil 839 vehículos bajo este esquema. La medida se aplicó en 16 estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Con la cancelación del programa, la importación de vehículos usados quedará sujeta exclusivamente a las disposiciones establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Dicho marco normativo fija requisitos específicos relacionados con la antigüedad de las unidades, sus condiciones mecánicas y el cumplimiento de obligaciones fiscales para autorizar su ingreso legal al país.

Los llamados autos chocolate son aquellos que ingresan al territorio nacional desde Estados Unidos o Canadá sin cubrir los trámites de importación correspondientes. Estos vehículos no cuentan con pedimento aduanal, no pagan impuestos y no están registrados ante las autoridades, aunque en muchos casos son utilizados de manera cotidiana.

Con el cierre del programa de regularización, el Gobierno federal dejará sin este mecanismo extraordinario a quienes posean vehículos en situación irregular, manteniendo únicamente las vías legales contempladas en la normatividad comercial y aduanera vigente.

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