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México

Gobierno de México está comprometido a recuperar «a corto plazo» la Categoría 1 de seguridad aérea: SCT

El gobierno mexicano dijo el martes que está comprometido a recuperar «a corto plazo» la Categoría 1 de seguridad aérea, luego de que la Administración Federal de Aviación del Departamento de Transporte de Estados Unidos (FAA por su sigla en inglés) decidiera degradarla a Categoría 2.

«La AFAC (Agencia Federal de Aviación Civil) estima que la revisión puntual de las evidencias reportadas en la auditoría por parte de la FAA, permitirá un rápido retorno a la Categoría 1», informó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en un comunicado.

Sin embargo, la SCT argumentó que «de acuerdo con el formato de revisión dispuesto por la FAA, un número importante de las evidencias documentales fueron entregadas durante las últimas tres semanas, por lo que es posible que los auditores de ese organismo pudieran no haber valorado a profundidad y cabalidad dichos testimonios».

Insistió en que el gobierno federal está «plenamente comprometido» en cumplir con el sistema de vigilancia en materia de seguridad operacional, de acuerdo con las normas y estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La dependencia explicó que desde octubre de 2020 las autoridades mexicanas buscaron a especialistas internacionales en materia de seguridad aérea para atender «cabalmente en tiempo y forma» los hallazgos identificados por la auditoría de la FAA.

«La AFAC reitera que está garantizada la seguridad y operación de los vuelos de aerolíneas nacionales hacia el vecino país» dijo la SCT y reiteró que se aprovechará la experiencia de la agencia estadounidense para resolver los problemas identificados.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que este fallo no supone la cancelación de vuelos de México hacia Estados Unidos ni limitará operaciones. «Únicamente de manera temporal no se podrá aperturar nuevas rutas o frecuencias ni buscar acuerdos de códigos compartidos con aerolíneas de ese país».

Explicó que las actividades y operaciones en el espacio aéreo mexicano no sufren afectación alguna, al igual que las rutas nacionales e internacionales.

Este martes se dio a conocer que Estados Unidos rebajó la calificación de seguridad aérea de México, una medida que impide a las aerolíneas mexicanas sumar nuevos vuelos a Estados Unidos y limita su capacidad para llevar a cabo acuerdos comerciales.

Al anunciar la decisión, la FAA dijo que estaba «plenamente comprometida en ayudar a la autoridad de aviación mexicana a mejorar su sistema de supervisión de seguridad a un nivel que cumpla» con las normas internacionales.

La FAA rebajó a México -el destino más común para los viajeros aéreos estadounidenses- de un nivel denominado Categoría 1, que significa el cumplimiento de las normas internacionales, a la Categoría 2, el nivel más bajo.

El gobierno mexicano respondió más tarde que está comprometido en recuperar «en el corto plazo» la máxima clasificación de aviación civil y en cumplir cabalmente con los sistemas internacionales de vigilancia.

Esa nota significa que México carece de «los requisitos necesarios para supervisar a las compañías aéreas del país de acuerdo con las normas mínimas internacionales de seguridad, o que la autoridad de aviación civil carece de una o más áreas como experiencia técnica, personal capacitado, mantenimiento de registros, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad», dijo la FAA.

Tras la noticia, las acciones de la principal línea aérea mexicana, Aeroméxico, llegaron a caer durante la jornada hasta un 10.12% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los de los grupos aeroportuarios OMA, GAP y ASUR cedieron hasta 3.40%, 4.01%, y 4.51%, respectivamente, para después recortar levemente las pérdidas al cierre.

Una rebaja similar de la FAA a México en 2010 por presuntas deficiencias en su autoridad de aviación civil duró unos cuatro meses. En la actualidad, la Administración Federal de Aviación del Departamento de Transporte de Estados Unidos sólo clasifica a unos pocos países en la Categoría 2, entre ellos Bangladesh, Pakistán, Tailandia y Malasia.

México ha sido uno de los principales lugares de vacaciones para los viajeros estadounidenses durante la pandemia de coronavirus y fue, por mucho, el destino aéreo más concurrido en abril, con casi 2.3 millones de pasajeros entre Estados Unidos y México, más del triple que la República Dominicana, el siguiente destino más popular, según datos del sector.

Fuente: Reuters

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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