Conecta con nosotros

México

Gobierno de México gastó 588 mil millones de pesos para contener la violencia en 2020

La administración del gobierno mexicano gastó 588.3 mil millones de pesos (mdp) el año pasado para contener la violencia en el país, de acuerdo con un informe del Índice de Paz México.

La organización apunta que esa contención está distribuida en tres dimensiones: seguridad pública, fuerzas armadas y el sistema judicial. Al sumar el impacto en esos tres índices se observa un aumento del 2.3% con respecto a 2019.

Y si bien, las administraciones han incrementado los montos destinados a contrarrestar el principal problema del país, no se ha registrado el mismo financiamiento a cada área desde 2007.

Acorde a las políticas de austeridad, el gobierno actual ha recortado dinero al ámbito de la seguridad pública como el sistema judicial en tres de los últimos cuatro años. No obstante, los recursos para Fuerzas Armadas (FFAA) solo han crecido, llegando a su máximo histórico en 12 años.

“El gasto del gobierno en servicios de seguridad pública ha caído un 31.4% desde 2015”, destacó el informe. Mientras que el aumento se percibió porque están considerados montos de las FFAA.

La violencia en el país se ve auspiciada por los cárteles del narcotráfico (Foto: Twitter)La violencia en el país se ve auspiciada por los cárteles del narcotráfico (Foto: Twitter)

Actualmente, el gasto de las FFAA es de 140 mil millones de pesos. Esto coincide con el mayor uso del Ejército para combatir los crímenes de la delincuencia organizada, según el reporte. Pero esa cantidad equivale al 0.5% de su Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio mundial.

En cuanto a seguridad interna y sistema de justicia, México destina 0.73 de su PIB entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el promedio es de 1.68.

“Dada la magnitud de las pérdidas directas por homicidio y delitos con violencia en México, un aumento en el gasto en contención de la violencia está bien justificado”, sugirió el informe.

De ese modo apunta que el país necesita incrementar sus jueces, pues ello mejoraría la capacidad del sistema legal y reducir sobrepoblación de cárceles y hacinamiento de aquellos que están encerrados en espera de sentencia.

México registra 2.2 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, la mitad de los que existen en otro países del continente y ocho veces menos que el promedio mundial.

AMLO ha favorecido al Ejército en el presupuesto (Foto: Presidencia de México)AMLO ha favorecido al Ejército en el presupuesto (Foto: Presidencia de México)

“Este déficit limita la capacidad del sistema judicial para procesar los casos y genera una acumulación de casos sin resolver y personas encarceladas sin sentencia”.

El documento también señala que Baja California, Guerrero, Chihuahua y Guanajuato tienen altos niveles de violencia, pero su gasto per cápita está muy por debajo del promedio en seguridad pública y justicia.

Desde 2015, cada ciudadano de Colima ha visto un incremento de 352 pesos a su bolsillo para destinarlo al ámbito de la contención de violencia.

Para destinar recursos óptimos hay un escenario de desafío político, pues aumentos en el gasto significarían aumentos de impuestos o reasignación de fondos destinados a otras áreas.

“En México, la falta de capacidad en los sectores judicial y de seguridad conduce a una brecha de seguridad donde los costos derivados de la violencia superan con creces los costos de contención. Por lo tanto, lograr los niveles óptimos de gasto en seguridad pública es importante para aprovechar al máximo el capital”.

El informe 2020 del Índice de Paz México elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz también detalló que la tasa de homicidios creció 1.4% en 2019 (Foto: IEP)El informe 2020 del Índice de Paz México elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz también detalló que la tasa de homicidios creció 1.4% en 2019 (Foto: IEP)

Entre las tendencias de los últimos cinco años, el informe reveló que el nivel de paz en México se ha deteriorado 27.2 por ciento.

El informe 2020 es la séptima edición del Índice de Paz México elaborado por el IEP, un think tank independiente, apartidista y sin fines de lucro dedicado a cambiar el enfoque mundial acerca de la paz para hacer de ella una medida positiva, factible y tangible del bienestar y el progreso humanos.

El IPM se basa en la metodología del Índice de Paz Global (IPG), la más reconocida medición de la paz en el mundo, que ha sido elaborado por el IEP cada año desde 2007

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto