Conecta con nosotros

Slider Principal

Gobierno federal analiza regular las redes sociales en México

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que el gobierno federal analiza regular las redes sociales para garantizar el pleno ejercicio de derechos como la libertad de expresión, pero sin afectar a terceros.

“Di la instrucción en la dirección de normatividad de medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas”, dijo esta mañana al encabezar la conferencia mañanera.

Este análisis se suma a la propuesta que realiza el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de Morena, Ricardo Monreal, quien propone regular el ciberespacio para que el derecho a la información no pueda ser vulnerado por organismo privado alguno.

Desde hace semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado a favor de regular a redes sociales y a plataformas porque considera que «censuran y violan la privacidad».

El pasado 13 de enero, el mandatario mexicano adelantó que en la próxima reunión del G-20 plantearía su rechazo a que plataformas tecnológicas «censuren» a autoridades y ciudadanos, como hace algunas semanas ocurrió con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sánchez Cordero explicó que el análisis que solicitó busca conocer el contexto mundial sobre la regulación de las redes sociales en otros países y cómo México podría hacer lo propio.

La también ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó que es importante defender la libertad de los mexicanos, pero también los derechos de terceros.

“Ningún derecho humano es absoluto, todos los derechos humanos tienen restricciones y ¿cuáles son estas? Cuando afectas a terceros, cuando afectas la paz social”, mencionó.

Ya estamos en el estudio de regular las redes sociales y de empresas que se dedican a las redes sociales” Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
Otro episodio de desencuentros entre el presidente López Obrador con las redes sociales, se dio hace unas semanas cuando el mandatario acusó que un directivo de Twitter México, Hugo Rodríguez Nicolat, tiene relación con el PAN, poniendo en duda la neutralidad de la empresa.

Fuente: Expansión

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto