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México

Gobierno Federal presenta denuncia ante la FGR contra Plaza Izazaga; buscará la extinción de dominio del inmueble

El Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, informó este viernes durante una conferencia de prensa que ha presentado ante la Fiscalía General de la República una denuncia para que se le retire el dominio a Plaza Izazaga 89, en la cual se decomisaron más de 260 mil piezas de mercancía ilícita tras uun operativo realizado el día anterior.

El funcionario federal, acompañado de funcionarios de la Ciudad de México y del Gobierno de México, recalcó la importancia de la colaboración en todos los órdenes de gobierno para el éxito de operativos como el realizado en Izazaga 89. Destacó que el operativo puesto en marcha ayer es el primero de otros que se realizaran en todo el país.

En este sentido, enfatizó que los siguientes operativos se llevaran a cabo en las 32 entidades federativas, y que es una operación que tendrá que ser permanente para poder cumplir con lo instruido por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Aseguró que el principal objetivo de estos operativos es favorecer y proteger a la industria mexicana y a las industrias establecidas en México, así como a los comercios que respetan la ley. “No podemos exigir esfuerzos a la industria y al comercio cuando hay quien trae mercancías que no cumplen ninguna norma mexicana”, enfatizó.

La extinción de dominio será aplicada a la Plaza Izazaga 89
Créditos:X@m_ ebrard | CUARTOSCUROLa extinción de dominio será aplicada a la Plaza Izazaga 89 Créditos:X@m_ ebrard | CUARTOSCURO

Cabe resaltar que en este operativo, llevado a cabo por elementos de Marina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, y de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, se decomisaron más de 260 mil productos ilegales, y la duración del operativo, que se contemplaba de 3 horas, se alargó hasta 7 horas, por la cantidad de cosas que se revisaron y eventualmente decomisaron.

¿Qué significa la extinción de dominio para la Plaza Izazaga 89?

De acuerdo con el artículo tercero de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, esta acción es “la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los Bienes a que se refiere la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados Bienes”.

O, como lo explicó Ebrard en la conferencia: “Si tú estás rentando tu inmueble, en donde hay todas estas operaciones y quién sabe cuántos delitos, y tienes cuatro operativos en tu inmueble, cuando menos recientes, pues es evidente que sabes qué se hace ahí. Dice la ley de extinción de dominio, si tú eres propietario de un inmueble en el que se están desarrollando actividades ilícitas, son de tu conocimiento, no lo denuncias ante el Ministerio Público o no haces algo para impedirlo, es lo que dice la ley, entonces procede. Vas a perder la propiedad, porque tú eres parte de la actividad delincuencial”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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