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Gobierno impugna orden de incluir a menores en vacunación Covid-19

El gobierno federal impugnó la orden que dio Claudia Gámez Galindo, secretaria en funciones de Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, de incluir a menores de 12 a 17 años en la Política Nacional de Vacunación contra COVID-19.

A través del área jurídica de la Secretaría de la Salud, la administración federal presentó recurso de revisión contra dicha determinación tomada el 7 de octubre pasado al conceder una suspensión definitiva para inocular a una menor.

Derivado de dicha determinación, el 27 de octubre pasado la juzgadora emplazó al gobierno federal a acatar la resolución judicial en un plazo de 5 días.

No obstante, con la apelación se frenó momentáneamente la posibilidad de dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por incumplimiento de la orden judicial.

La apelación, presentada por la Secretaría de Salud, se hizo a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador; del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

No obstante, a petición de la propia Secretaría de Salud la juzgadora pidió consultar a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República quién representará en el juicio al presidente López Obrador.

El caso está relacionado con la suspensión definitiva que la secretaría en funciones de juez concedió el 7 de octubre a favor de una menor y en la cual ordenó efectos generales con relación a incluir a toda la población menor de edad, entre 12 y 17 años, en el proceso de vacunación.

Gámez Galindo señaló que el biológico que deberá ser aplicado a ese grupo es el Pfizer-BioNtech, por ser el único que las autoridades sanitarias han autorizado para su aplicación de emergencia a niños, niñas y adolescentes.

En principio dio un plazo de 48 horas para que las autoridades actualicen o adicionen la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2?.

El 27 de octubre pasado dio un nuevo plazo de cinco días para que se acatara su decisión, pero este se frena con la apelación de la Secretaría de Salud.

Con relación a la menor que promovió el juicio de amparo, la juez notificó este mismo lunes que ya se le puso una primera dosis, y pidió a la Secretaría de Salud fijar la fecha para colocarle el refuerzo.

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Detienen a padres de feminicida por encubrimiento

Jorge Ignacio N y Diana Elizabeth N, padres del presunto feminicida Marlon N, fueron detenidos la madrugada de este sábado en la Ciudad de México por el presunto delito de encubrimiento de la fuga de su hijo.

Esto fue dado a conocer por Leslie Bendímez, hermana de Montserrat, quién fue golpeada brutalmente Marlon, su novio, el pasado 17 de abril; la agresión le dejó fracturas en el cráneo, cuello y brazos, heridas de las que ya no pudo sanar y falleció el 23 de abril después de varios días en terapia intensiva luchando por su vida.

«Hoy en la madrugada llamaron para decirnos que se había realizado la detención de los padres de Marlon quedamos sorprendidos. Les dije que se podía acabar el mundo pero que los íbamos a encontrar el siguiente eres tú Marlen #justiciaparaMonse», escribió su hermana su cuenta de Twitter

Los hechos ocurrieron en la casa de Marlon, quien con ayuda de sus padres presuntamente le habría trasladado al hospital para después huir.

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Encarcelamiento de Lozoya complica las investigaciones sobre Peña Nieto y Videgaray

“Esta fiscalía está lista para acusarlo”. La frase del fiscal Manuel Granados encarna el giro radical que ha tomado el caso de Emilio Lozoya. Durante casi un año y medio la estrategia fue mantener la mano tendida hacia el exdirector de Pemex, convertido en una especie de testigo colaborador protegido, en busca de pruebas sólidas para incriminar a lo más alto del último Gobierno priista. El pacto saltó por los aires este miércoles en la primera visita en persona de Lozoya ante el juez del Reclusorio Norte. La Fiscalía considera ahora poco menos que el acusado les ha estado mareando todo este tiempo para dilatar lo más posible su entrada a la cárcel.

La estrategia ha virado de la contemporización al ataque y la decisión del juez de aplicar la presión preventiva mientras dure el proceso tendrá repercusiones más allá de Lozoya. Entre rejas, su margen para encontrar nuevas pruebas se ve mucho más limitado, complicando así la viabilidad de las investigaciones en curso sobre Peña Nieto y la otra decena de políticos a los que el exjefe de la petrolera estatal ha señalado en el marco de su acuerdo con la fiscalía.

Desde el comienzo del caso, en agosto del año pasado, Lozoya lanzó una tormenta de acusaciones, que incluyen a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores. Las más detalladas se concretaron en el expresidente Enrique Peña Nieto y su mano derecha, el exsecretario de Estado Luis Videgaray, acusados de orquestar y planificar una red de sobornos de al menos 10 millones de dólares repartidos entre la campaña electoral del PRI en 2012 y los pagos a legisladores de la oposición para aprobar la reforma energética del año siguiente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en mayo del año pasado los intentos de la Fiscalía por sentar a Videgaray ante un juez. Hasta dos veces la FGR ha presentado ya ordenes de detención contra el que fuera canciller, secretario de Hacienda y jefe de campaña en 2012. En ambas ocasiones, un juez penal del reclusorio Norte, el mismo que acaba de encerrar a Lozoya, devolvió el caso a la Fiscalía ante las inconsistencias de la solicitud.

Sobre Peña Nieto también ronda la diana de la Justicia. Según un informe filtrado en noviembre del año pasado, la FGR estaba perfilando acusar al expresidente de cohecho, traición a la patria y delito electoral por su papel central en el caso Odebrecht, una megatrama de corrupción que ya ha hecho tambalear a la clase política de varios países latinoamericanos.

La ofensiva de la Fiscalía
El fin de la paciencia de la Fiscalía —la investigación de las acusaciones vertidas por Lozoya se ha extendido casi año y medio, más del doble del plazo legal— ha coincidido con la publicación de unas polémicas fotos del exdirector de Pemex cenando con amigos en un restaurante de lujo en Ciudad de México. La falta de pruebas sólidas para amarrar una acusación contra Peña y Videgaray junto con al clamor por la impunidad que destilaban las fotos de un político ya imputado por delitos graves de corrupción, desembocó en el giro de la FGR.

“Ha contado con el tiempo suficiente y nunca ha demostrado la actitud de someterse al proceso”, remarcó durante la audiencia Granados, el fiscal que ya ha logrado encarcelar al exgobernador de Veracruz Javier Duarte y a la exsecretaria de Estado Rosario Robles, dos pesos pesados del PRI. Fuentes jurídicas cercanas al caso señalan que todo apunta a que Lozoya acabará perdiendo definitivamente sus beneficios como testigo colaborador y será también sentenciado convirtiéndose así en el personaje de más altura al que alcance la causa.

Conscientes de la ofensiva de la Fiscalía, sus abogados intentaron durante la audiencia jugar todas las cartas posibles. Enfatizar su colaboración durante todo el proceso, sugerir que la nueva medida cautelar se limitase al arresto domiciliario y ofrecer incluso las escrituras de dos inmuebles a nombre de su cliente, por valor de más siete millones de dólares, como garantía para la reparación del daño, otro de los puntos débiles del acuerdo sobre los que más cargó el fiscal: “En todo este tiempo no ha habido ni un ofrecimiento por su parte más allá de la intención de obstaculizar el procedimiento tratando que esta Fiscalía no lo acuse”.

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