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Gobierno no intervendrá en situación de colegios privados

La educación pública gratuita en todos los niveles es prioridad para el gobierno de la República aseguró el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al fijar su postura en torno a la difícil situación económica por la que atraviesan colegios particulares en el país a causa de la epidemia del Covid-19.

El presidente López Obrador sostuvo que si bien las escuelas particulares viven momentos complicados por haber disminuido su matrícula a causa del desempleo, la primera responsabilidad del gobierno es con la educación pública gratuita.

Por lo que consideró que lo mejor es que el gobierno no intervenga y sean las mamás y los papás de los niños junto con los dueños de los colegios privados los que lleguen a acuerdos respecto de las inscripciones y colegiaturas.

«Que no se obligatorio, sino que se llegue a acuerdos entre los padres de familia y los directivos de las escuelas particulares y nosotros ver en qué podemos ayudarlos, tenemos que garantizar primero la educación pública gratuita, de calidad en todos los niveles escolares y también no dejar abandonada la educación particular, porque ayuda todo lo que tiene que ver con la educación y la salud, aunque sean particulares deben tener atención especial», señaló López Obrador durante la conferencia matutina de Palacio Nacional.

De acuerdo con el presidente, la situación no se arregla sólo con bajar los costos de las colegiaturas, ya que dependiendo del número de alumnos, varias escuelas particulares pueden mantener o no su funcionalidad.

De ahí que efectivamente, recalcó, la situación que enfrentan muchas escuelas particulares en el país, es muy difícil.

«Yo soy de la idea de que ni siquiera intervengamos nosotros, el gobierno, sino que sea más un acuerdo entre las partes, que no pongamos nosotros reglas, limitaciones porque sí están en una situación muy difícil las escuelas particulares y no es nada más decir bajen las colegiaturas.

“Hay que ver cómo pueden salir adelante, porque para que una escuela particular saque sus gastos debe tener un número determinado de alumnos y lo que se está manifestándose es de que está bajando la matrícula, no se están inscribiendo como antes en las escuelas particulares y ellos ya tienen un problema de sus costos», describió el ejecutivo federal.

Por último, el presidente reiteró el compromiso de analizar alternativas para apoyar a las escuelas particulares del país y no abandonarlas en estas circunstancias.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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