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Gobierno reduce obligaciones de Red Compartida

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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó un plazo de 7 años para el despliegue de la llamada Red Compartida, que finalizará hasta el 2025 respecto al 2023 que marcaban las prebases del concurso. Esta licitación adjudicará la instalación y operación de la red pública compartida de telecomunicaciones, en el mayor proyecto de este sector en la historia de México.

La Red Compartida, que puede atraer inversiones cercanas a los 7,000 millones de dólares, servirá para construir infraestructura que permitirá arrendar capacidad de red para que, a su vez, los operadores privados ofrezcan servicios de Internet de banda ancha, como los de tecnología 4G/LTE que ya ofrecen las mayores firmas del país en algunas zonas.

Las obligaciones para cubrir áreas rurales también se vieron disminuidas, al pasar de 0.29 a 0.15 puntos porcentuales por cada punto porcentual que se avance en el despliegue de la red en poblaciones mayores a 10,000 habitantes.

Las bases no permiten el subarrendamiento del espectro, lo que sí preveían las prebases, una opción que permitía al consorcio ganador la posibilidad de ceder partes del espectro del proyecto para que otros operadores pudieran ocuparla mientras se centraba en el despliegue propio en otras zonas.

La SCT afirmó que en la consulta pública de las prebases todos los interesados mostraron su negativa a este arrendamiento.

CNN Expansión

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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