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Gobierno de Trump es demandado por ‘dreamers’

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La abogada Dulce Garcia, de San Diego, California, defiende habitualmente a clientes en tribunales de inmigración, pero ahora es ella quien busca amparo legal en Estados Unidos.

Ingresada ilegalmente al país por sus padres cuando era una niña, Garcia es una de los seis inmigrantes que demandaron este lunes al gobierno de Donald Trump por su decisión de poner fin al programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

Desde que la aprobación de la ley en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, el programa ha brindado protección, evitado la deportación y asegurado el derecho a trabajar legalmente a casi 800 mil personas en Estados Unidos.

Según los abogados de Garcia, su caso, llevado a la corte federal de San Francisco, es la primera demanda presentada por beneficiarios de DACA, desde que el fiscal general de la nación, Jeff Sessions, anunció este mes que la medida de la era Obama caducaría desde marzo del 2018.

Es uno de los muchos reclamos judiciales contra la decisión de poner fin al programa, incluidas dos demandas presentadas por fiscales generales estatales. El reclamo es similar en todos los casos: el gobierno de Trump no siguió los procedimientos administrativos adecuados para rescindir la medida.

Trump, quien pidió recientemente al Poder Legislativo que elabore una ley para proteger a los beneficiarios de DACA, enfureció a algunos republicanos la semana pasada al negociar con líderes demócratas del Congreso un posible proyecto de reemplazo para el programa.

Durante la campaña electoral de 2016, Trump presentó un plan sobre migración en el que prometía poner fin a DACA y fortalecer la protección de las fronteras para aumentar el empleo de los estadounidenses.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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