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Resto del mundo

Gobierno de Trump es demandado por ‘dreamers’

La abogada Dulce Garcia, de San Diego, California, defiende habitualmente a clientes en tribunales de inmigración, pero ahora es ella quien busca amparo legal en Estados Unidos.

Ingresada ilegalmente al país por sus padres cuando era una niña, Garcia es una de los seis inmigrantes que demandaron este lunes al gobierno de Donald Trump por su decisión de poner fin al programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

Desde que la aprobación de la ley en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, el programa ha brindado protección, evitado la deportación y asegurado el derecho a trabajar legalmente a casi 800 mil personas en Estados Unidos.

Según los abogados de Garcia, su caso, llevado a la corte federal de San Francisco, es la primera demanda presentada por beneficiarios de DACA, desde que el fiscal general de la nación, Jeff Sessions, anunció este mes que la medida de la era Obama caducaría desde marzo del 2018.

Es uno de los muchos reclamos judiciales contra la decisión de poner fin al programa, incluidas dos demandas presentadas por fiscales generales estatales. El reclamo es similar en todos los casos: el gobierno de Trump no siguió los procedimientos administrativos adecuados para rescindir la medida.

Trump, quien pidió recientemente al Poder Legislativo que elabore una ley para proteger a los beneficiarios de DACA, enfureció a algunos republicanos la semana pasada al negociar con líderes demócratas del Congreso un posible proyecto de reemplazo para el programa.

Durante la campaña electoral de 2016, Trump presentó un plan sobre migración en el que prometía poner fin a DACA y fortalecer la protección de las fronteras para aumentar el empleo de los estadounidenses.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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