Conecta con nosotros

Slider Principal

Gobierno de Veracruz defraudó a sus propios trabajadores

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una investigación al gobierno de Veracruz en atención a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseveró Aristóteles Núñez, titular de la dependencia.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en Despierta, afirmó que la ASF pidió al SAT que ejerciera sus funciones en 2012, 2013, cuando hubo retenciones por 2,239 millones de pesos no reportadas; y en 2014, cuando las retenciones no reportadas ascendieron a 2,379 millones de pesos. Y esas cifra, indicó, corresponden a una sola dependencia.

Es decir, abundó, el titular del SAT, el gobierno no entregó lo que sí cobró. Por ejemplo, dijo, la Universidad de Veracruz tiene adeudos aunque sí se hicieron las retenciones y enterar los recursos al gobierno federal es responsabilidad del gobierno veracruzano.

Además de las investigaciones derivadas de las recomendaciones de la ASF, el SAT abrió una investigación, debido a una denuncia pública hecha en mayo, por algunas empresas que se presume, dijo, son fachada.

Aristóteles Núñez indicó que han detectado a 33 empresas y una persona física implicadas en movimientos sospechosos en Veracruz. De esos 34, sólo tres están localizados, 31 no han sido localizados. Abundó que está el domicilio, pero no hay empresas, ni cosas almacenadas, ni posibilidad de que produzcan algún bien que entreguen a las dependencias con las que hicieron contratos.

Destacó que buscarán a los socios, a los responsables de darles las encomiendas y a los notarios que dieron fe de las actas constitutivas, además de detectar a los encargados de darles contratos en once dependencias del gobierno de Veracruz, porque las empresas visitadas definitivamente no tienen capacidad de producción o de venta.

Subrayó que se encuentran en etapa de presunción y hay formalidades legales que se deben cuidar y si detectaran elementos que pudieran presumirse como delitos fiscales, procederán a denunciar ante la PGR.

Por lo pronto, hay 32 querellas ante la PGR por la entrega de 3,300 mdp de los que no hay evidencia material de que hayan satisfecho la entrega de productos ni el pago de impuestos.

Núñez fue insistente en que el SAT está en proceso de revisión, para ver cuáles son las consecuencias. Primero, dijo, es necesario detectar qué sucedió con la formación de estas empresas fachada, quién convocó a los implicados, a dónde se fueron los recursos.

En el caso del gobernador Javier Duarte, apuntó, la investigación debe ser muy cuidadosa para tener claro hasta dónde está legalmente implicado.

En cuanto a la declaración personal de impuestos, dijo que Duarte cuenta con 12 meses para responder sobre sus propias finanzas, por lo que está en tiempo.

De los cinco gobernadores investigados por el SAT, aclaró Núñez, dos concluyeron su auditoría y están en proceso de contestar y dos más ya concluyeron en tiempo y forma. Se trata, dijo, de ex gobernadores y gobernadores en funciones, no hay futuros gobernadores, pero se negó a dar nombres, porque la ley lo prohíbe.

En el caso de Guillermo Padrés Elías, dijo que en Sonora se otorgaron perdones fiscales a personas cercanas al gobernador. El SAT ya entregó elementos a la PGR y no sólo fue un funcionario, además, se dio la facilidad de que pagaran el IVA en parcialidades, realizaron procesos incompletos de auditorías a empresas vinculadas con la administración pasada, lo que pudo generar daño al erario.

En materia de recaudación, afirmó, este año se superó la meta planeada de 2.4 billones de pesos, pues el año terminará por arriba de 2.6 billones, es decir 9% más en términos reales.

Y para el paquete presupuestal, dijo, se prepara un incentivo fiscal para apoyar a todos los contribuyentes.
NT

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto