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Gobierno de Veracruz entregó leche caduca a damnificados

Las secretarías de Protección Civil y Desarrollo Social del gobierno del panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares, enviaron mil quinientas despensas con productos caducos al municipio de Minatitlán, para ser entregadas a la gente damnificada por las lluvias.

Leche agria con fecha de vencimiento del 18 de enero, arroz echado a perder y despensas infladas porque la temporalidad del producto ya caducó, fue detectado por personal del Ayuntamiento de Minatitlán.

El alcalde de ese municipio, Nicolás Reyes Álvarez, ordenó la suspensión de la entrega de las despensas hasta que el gobierno de Veracruz se comprometa al “canje” de los insumos que ya están echados a perder.

“Detectamos cajas del programa ‘Veracruz comienza contigo’ infladas, por eso procedimos a abrirlas y ver qué ya había leche agria con fecha de caducidad del 18 de enero, algunas bolsas de arroz abierta y alimentos inservibles para el consumo humano”, fustigó el edil de Minatitlán en la red de Facebook del Ayuntamiento.

Apenas el fin de semana, el Sistema Municipal DIF de Zongolica tuvo que suspender en 201 escuelas de preescolar y primaria el programa de “desayunos escolares fríos” al recibir el reporte de que la leche se encontraba agria, con mal olor y “cortada”, pero con una caducidad vigente.

En un oficio rubricado por la presidenta del DIF municipal, Alma Rosa Landa Rincón, -documento en poder de proceso.com.mx -, le pide a los directores de escuelas beneficiarias y a las cooperativas escolares “suspender” el programa de desayunos escolares, en tanto el Sistema DIF Estatal, a cargo de Laura García Beltrán -actual funcionaria del gobierno de Miguel Ángel Yunes, pero exdirectiva del Seguro Popular en Puebla durante la gestión de Rafael Moreno Valle- dé una explicación y “respuesta” a esta distribución del lácteo en mal estado y que pudo haber puesto en peligro al alumnado.

“Solicito a los directivos y a los comités de padres de familia su comprensión y colaboración en la difusión constante de la información proporcionada”, expone el oficio girado de forma urgente el 1 de febrero.

El municipio de Zongolica está catalogado como uno de los diez más pobres del país, su difícil acceso en zona serrana, en Veracruz, obliga a que los menores que asisten a recibir instrucción escolar diario caminen uno, dos y hasta tres kilómetros para llegar a su plantel educativo.

Antier en el DIF estatal, la directora, Laura García Beltrán -esposa del secretario de Salud, Irán Suarez- se encontraba sumamente irritada con el proveedor de las lechitas de cartón para los desayunos escolares fríos, pero también con sus funcionarios menores que no certificaron la calidad del producto, más aún con la filtración del oficio de queja a algunos reporteros.

“La directora estaba rabiosa, regañó a medio mundo, le molestó más que saliera lo de la leche descompuesta en la prensa, que el hecho mismo en Zongolica, cree que su posición en el DIF queda vulnerable por ser recomendación de Moreno Valle (Sic) y no ser gente de Yunes Linares”, aseguró un empleado del DIF estatal que pidió el anonimato, en aras de evitar represalias laborales.

A través de la Dirección de Atención a Población Vulnerable ya se comenzó un rastreo en otros sistemas municipales del DIF para certificar que el lácteo se encuentre en buenas condiciones en el resto del estado. Trascendió que en otras demarcaciones también se pudo haber enviado el lácteo en mal estado.

Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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