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Golpe de Estado en Birmania… esto es lo que se sabe de él

Rangún.- El ejército birmano dio este lunes un golpe de Estado después de años de poder compartido entre el gobierno civil de Aung San Suu Kyi y los militares, todavía muy poderosos en el país.

En las primeras horas del lunes, el ejército detuvo a la nobel de la Paz y al presidente Win Myint.

Declaró el estado de emergencia por un año y colocó a generales en puestos clave.

Los militares llevan varias semanas denunciando fraude electoral en las elecciones legislativas de noviembre, que ganó por amplia mayoría la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi. Esto es lo que sabemos por ahora:

¿Cómo comenzó la crisis?
Desde hace semanas, el ejército sostiene que ha habido irregularidades en las elecciones generales de noviembre pasado, las segundas desde el fin de la dictadura militar en 2011.

Las ganó por una mayoría abrumadora la Liga Nacional para la Democracia, que ya estaba en el poder.

La LND obtuvo el 83% de los 476 escaños en el parlamento, pero el ejército afirma haber descubierto 10 millones de casos de fraude electoral y ha pedido a la comisión electoral que publique las listas electorales para verificarlas, lo que esta no ha hecho.

El martes, en rueda de prensa, el portavoz del ejército no descartó que los militares tomaran el control del país.

Los temores aumentaron aún más el miércoles después de que el jefe del ejército, el general Min Aung Hlaing, sin duda el hombre más poderoso de Birmania, dijera que la Constitución podría ser «revocada» bajo ciertas circunstancias.

¿Y ahora qué?
El ejército declaró el estado de emergencia por un año y prometió la celebración de elecciones «pluralistas, libres e igualitarias» cuando termine este periodo. Asimismo, los generales ocuparon los puestos principales.

Myint Swe, quien dirigía el poderoso comando militar de Rangún y actual vicepresidente de Birmania, se convierte en presidente interino por un año, un cargo principalmente honorífico.

El control «legislativo, administrativo y judicial» recae en Min Aung Hlaing, que ahora concentra casi todos los poderes.

Este golpe, condenado por la comunidad internacional, no es el primero: desde su independencia en 1948, Birmania ha estado gobernada por regímenes militares durante casi 50 años. Ya hubo dos golpes de Estado, en 1962 y 1988.

¿Cómo reaccionará la población? Aung San Suu Kyi, muy criticada a nivel internacional por su gestión de la crisis de los musulmanes rohinyás (cientos de miles de ellos huyeron de la violencia del ejército en 2017 y se refugiaron en el vecino Bangladés) todavía es venerada por una mayoría de birmanos.

Presintiendo el golpe militar, Aung San Suu Kyi dejó un mensaje para la población, instándola a que «no acepte» la toma del poder por parte de los militares.

¿Qué dice la Constitución?
La Constitución actual fue redactada en 2008 por la junta, antes de ceder progresivamente el poder a los civiles tres años después.

Concede al ejército el control de tres ministerios importantes: Interior, Defensa y Asuntos Fronterizos, lo que garantiza que la institución siga influyendo en la política birmana.

Por lo tanto se trata de un texto polémico. El politólogo Khin Zaw Win lo califica de «profundamente impopular».

El gobierno de Aung San Suu Kyi ha intentado enmendarlo desde que ganó las elecciones de 2015, pero sin demasiado éxito.

Fuente: El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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