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Opinión

GOYA, La otra sucesión. Por Raúl Saucedo

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Hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en México es hablar de la máxima referencia académica y de investigación, pero a si mismo es hablar de movimientos estudiantiles, de derechos sociales y de política.

En este 2023 inicia el proceso de renovación para designar al nuevo rector de la UNAM se avecina en un contexto de tensiones y expectativas. Con el fin del segundo período de Enrique Graue Wiechers rector número 24 desde la autonomía de la universidad (1929) como líder de la institución, la comunidad universitaria se prepara para un cambio de dirección en una de las instituciones educativas más influyentes y emblemáticas de Latinoamérica.

Son bastantes los intereses que a través de la historia política de México han pasado por las aulas universitarias, ya sea como alumnos o catedráticos, la mayoría de los grandes políticos de México se han forjado en los jardines y trasnochadas de Ciudad Universitaria.

El proceso de selección del nuevo líder universitario se realizará a través de la Junta de Gobierno, un órgano compuesto por 15 miembros académicos que coordinarán la elección. Esta junta se encarga de consultar a la comunidad universitaria, convocar a posibles candidatos a comparar y realizar propuestas, a una votación secreta para determinar al nuevo rector. El candidato que obtenga más de 10 votos será designado como el nuevo rector de la UNAM.

La Junta de Gobierno estará dividida en cinco comisiones para escuchar las propuestas de diferentes entidades académicas, administrativas, culturales e investigativas. Cada comisión atenderá a los representantes de distintas áreas, y se espera que a finales de octubre se anuncien los nombres de los aspirantes y se realicen las comparaciones.

Para ser rector de la UNAM, se deben cumplir ciertos requisitos: ser mexicano, tener entre 35 y 70 años, poseer un grado académico superior al de bachiller, tener al menos 10 años de experiencia docente o de investigación en la universidad, ser destacado en su especialidad y poseer prudencia y honorabilidad.

Sin embargo, el ambiente político en México añade un matiz adicional a este proceso. Las diferencias ideológicas y las posturas disímiles respecto a temas como la autonomía universitaria y la gestión de recursos públicos han causado tensiones visibles. Esta situación coloca la elección del nuevo rector en un contexto donde se demanda independencia y autonomía para la toma de decisiones universitarias.

Entre los posibles aspirantes, figuran nombres de académicos y especialistas con amplias trayectorias en la UNAM. La elección del nuevo rector no solo tendrá que reflejar la excelencia académica, sino también la capacidad de gestión, liderazgo y apertura al diálogo. Además, el proceso debe considerar la diversidad de opiniones y enfoques presentes en una institución que alberga miles de estudiantes, profesores y personal administrativo.

El rector que suceda a Graue se enfrentará a retos significativos. La UNAM, como líder en educación superior y generadora de conocimiento en México, debe adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales del siglo XXI. La pandemia de COVID-19 evidencia la necesidad de fortalecer la educación en línea, así como de replantear la interacción entre la universidad y la sociedad en un mundo totalmente globalizado.

Además, la cuestión de género y diversidad adquiere relevancia. El nuevo rector o rectora deberá abordar con seriedad y compromiso la promoción de la equidad de género, la inclusión de comunidades diversas y la garantía de un ambiente libre de acoso. La UNAM tiene la responsabilidad de ser un modelo en este sentido, influyendo no solo a nivel local sino también en la sociedad mexicanaen general.

El papel político de la UNAM también está bajo escrutinio. La institución no puede desligarse de la realidad política del país en miras a la sucesión presidencial del 2024, son muchos los grupos de todos los partidos políticos que cuentan con interés particulares al interior de la universidad y sin lugar a duda los damnificados de los procesos internos del oficialismo y de la oposición encontraran en esta sucesión una moneda de cambio o un espacio para empezar a planear futuras contiendas electorales.

La dimensión de la Máxima Casa de Estudios del País

373 mil 340 alumnos
42 mil 190  académicos
133 carreras de licenciatura
5 mil 986 Académicos en el Sistema Nacional de Investigadores
$ 52 mil 728 millones de pesos (57% del presupuesto del estado de Chihuahua).

Mientras esta sucesión se gesta de manera formal al sur de la Ciudad de México, este servidor se despide porque se hace tarde para llegar a cantera uno y así en los jardines de la universidad seguir meditando de lo que es ser “tío luchón” en la gran metrópoli.

MAIL: [email protected]

TWITTER (X): @Raul_Saucedo

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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