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Opinión

GOYA, La otra sucesión. Por Raúl Saucedo

Hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en México es hablar de la máxima referencia académica y de investigación, pero a si mismo es hablar de movimientos estudiantiles, de derechos sociales y de política.

En este 2023 inicia el proceso de renovación para designar al nuevo rector de la UNAM se avecina en un contexto de tensiones y expectativas. Con el fin del segundo período de Enrique Graue Wiechers rector número 24 desde la autonomía de la universidad (1929) como líder de la institución, la comunidad universitaria se prepara para un cambio de dirección en una de las instituciones educativas más influyentes y emblemáticas de Latinoamérica.

Son bastantes los intereses que a través de la historia política de México han pasado por las aulas universitarias, ya sea como alumnos o catedráticos, la mayoría de los grandes políticos de México se han forjado en los jardines y trasnochadas de Ciudad Universitaria.

El proceso de selección del nuevo líder universitario se realizará a través de la Junta de Gobierno, un órgano compuesto por 15 miembros académicos que coordinarán la elección. Esta junta se encarga de consultar a la comunidad universitaria, convocar a posibles candidatos a comparar y realizar propuestas, a una votación secreta para determinar al nuevo rector. El candidato que obtenga más de 10 votos será designado como el nuevo rector de la UNAM.

La Junta de Gobierno estará dividida en cinco comisiones para escuchar las propuestas de diferentes entidades académicas, administrativas, culturales e investigativas. Cada comisión atenderá a los representantes de distintas áreas, y se espera que a finales de octubre se anuncien los nombres de los aspirantes y se realicen las comparaciones.

Para ser rector de la UNAM, se deben cumplir ciertos requisitos: ser mexicano, tener entre 35 y 70 años, poseer un grado académico superior al de bachiller, tener al menos 10 años de experiencia docente o de investigación en la universidad, ser destacado en su especialidad y poseer prudencia y honorabilidad.

Sin embargo, el ambiente político en México añade un matiz adicional a este proceso. Las diferencias ideológicas y las posturas disímiles respecto a temas como la autonomía universitaria y la gestión de recursos públicos han causado tensiones visibles. Esta situación coloca la elección del nuevo rector en un contexto donde se demanda independencia y autonomía para la toma de decisiones universitarias.

Entre los posibles aspirantes, figuran nombres de académicos y especialistas con amplias trayectorias en la UNAM. La elección del nuevo rector no solo tendrá que reflejar la excelencia académica, sino también la capacidad de gestión, liderazgo y apertura al diálogo. Además, el proceso debe considerar la diversidad de opiniones y enfoques presentes en una institución que alberga miles de estudiantes, profesores y personal administrativo.

El rector que suceda a Graue se enfrentará a retos significativos. La UNAM, como líder en educación superior y generadora de conocimiento en México, debe adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales del siglo XXI. La pandemia de COVID-19 evidencia la necesidad de fortalecer la educación en línea, así como de replantear la interacción entre la universidad y la sociedad en un mundo totalmente globalizado.

Además, la cuestión de género y diversidad adquiere relevancia. El nuevo rector o rectora deberá abordar con seriedad y compromiso la promoción de la equidad de género, la inclusión de comunidades diversas y la garantía de un ambiente libre de acoso. La UNAM tiene la responsabilidad de ser un modelo en este sentido, influyendo no solo a nivel local sino también en la sociedad mexicanaen general.

El papel político de la UNAM también está bajo escrutinio. La institución no puede desligarse de la realidad política del país en miras a la sucesión presidencial del 2024, son muchos los grupos de todos los partidos políticos que cuentan con interés particulares al interior de la universidad y sin lugar a duda los damnificados de los procesos internos del oficialismo y de la oposición encontraran en esta sucesión una moneda de cambio o un espacio para empezar a planear futuras contiendas electorales.

La dimensión de la Máxima Casa de Estudios del País

• 373 mil 340 alumnos
• 42 mil 190  académicos
• 133 carreras de licenciatura
• 5 mil 986 Académicos en el Sistema Nacional de Investigadores
• $ 52 mil 728 millones de pesos (57% del presupuesto del estado de Chihuahua).

Mientras esta sucesión se gesta de manera formal al sur de la Ciudad de México, este servidor se despide porque se hace tarde para llegar a cantera uno y así en los jardines de la universidad seguir meditando de lo que es ser “tío luchón” en la gran metrópoli.

MAIL: [email protected]

TWITTER (X): @Raul_Saucedo

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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