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Grabaciones fueron editadas y alteradas: OHL México

OHL México dijo este jueves que, según un “reconocido perito”, las grabaciones que se han difundido con presuntas llamadas telefónicas entre directivos fueron editadas y alteradas para cambiar su sentido.

Las grabaciones “forman parte de la campaña de difamación”, dijo la empresa en información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores.

La subsidiaria de la española OHL no precisó cuál es el perito que analizó las grabaciones que acusa fueron obtenidas «ilegalmente», aunque explicó que forma parte de las auditorías externas contratadas.

En los audios se escucha a directivos sugiriendo sobrecostos en obras públicas, así como el pago de vacaciones a funcionarios públicos, como el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

La compañía aseguró, citando una auditoría realizada por KPMG Cárdenas Dosal, Jones Day México, y FTI Consulting México, que las operaciones relacionadas con las concesiones, y modificaciones, para la construcción y operación del Viaducto Bicentenario y del Circuito Exterior Mexiquense cumplen con la legislación aplicable.

“Abarcando el derecho que emana del título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense de recuperar la inversión más un rendimiento garantizado del 10%, y del título de concesión del Viaducto Bicentenario de recuperar la inversión más un rendimiento garantizado del 7 %”, agregó.

Otra conclusión de la auditoría, según OHL México, es que la inversión acumulada que ha servido de base para la determinación de la rentabilidad garantizada pendiente de recuperar, incluida la inversión en construcción, está debidamente aprobada por la autoridad.

Una revisión realizada por Deloitte confirmó que la política establecida para la determinación, reconocimiento y registro contable de la rentabilidad garantizada se encuentra de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, aplicables en las circunstancias actuales, añadió.

“Se concluye que todas las imputaciones de Tecnología Aplicada Infraiber son falsas, y forman parte de una campaña difamatoria”.

OHL México e Infraiber, experta en monitoreo de aforos vehiculares, cruzaron acusaciones el mes pasado por la operación del Circuito Exterior Mexiquense.

En una de las grabaciones difundidas a través de YouTube se trata sobre presuntos sobornos pagados a magistrados, sin embargo la concesionaria afirma que una investigación del despacho Ritch, Mueller, Heather y Nicolau concluyó que “no se encontró evidencia o inicio alguno de conductas contrarias a la ley”.

“Ni de pagos en dinero o en especie, ya sea directa o indirectamente, a ningún juez, magistrado, o funcionario público alguno, relacionado con los juicios analizados”, agregó.

OHL México también informó que, con base en las investigaciones realizadas, el Comité de Auditoría llevó al Consejo de Administración los siguientes puntos:

1) Se identificaron áreas y procedimientos administrativos que se deben fortalecer en aras de lograr mayor autonomía y eficacia de gestión de la compañía.

2) Se identificó la importancia de fortalecer los órganos de control de la Compañía, como el Comité de Auditoría, Comité de Prácticas Societarias, Auditoría Interna y Control de Riesgos, en particular por lo que se refiere a los lineamientos para operaciones con partes relacionadas, a fin de cumplir con los estándares más estrictos de gobierno corporativo.

3) Se identificó la necesidad de fortalecer el cumplimiento del Código de Ética de la Compañía.

4) Se identificaron vulnerabilidades en el manejo de la seguridad de la información, aunque no se obtuvo evidencia de la participación de algún empleado de OHL México en la fuga de información.

“En relación a todo lo anterior, el Comité de Auditoría (…) presentó 19 importantes recomendaciones específicas al Consejo de Administración para lograr dicho objetivo, las que serán evaluadas por el propio Consejo”, concluyó.

Fuente: CNN Expansión.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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