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Grabaciones fueron editadas y alteradas: OHL México

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OHL México dijo este jueves que, según un “reconocido perito”, las grabaciones que se han difundido con presuntas llamadas telefónicas entre directivos fueron editadas y alteradas para cambiar su sentido.

Las grabaciones “forman parte de la campaña de difamación”, dijo la empresa en información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores.

La subsidiaria de la española OHL no precisó cuál es el perito que analizó las grabaciones que acusa fueron obtenidas «ilegalmente», aunque explicó que forma parte de las auditorías externas contratadas.

En los audios se escucha a directivos sugiriendo sobrecostos en obras públicas, así como el pago de vacaciones a funcionarios públicos, como el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

La compañía aseguró, citando una auditoría realizada por KPMG Cárdenas Dosal, Jones Day México, y FTI Consulting México, que las operaciones relacionadas con las concesiones, y modificaciones, para la construcción y operación del Viaducto Bicentenario y del Circuito Exterior Mexiquense cumplen con la legislación aplicable.

“Abarcando el derecho que emana del título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense de recuperar la inversión más un rendimiento garantizado del 10%, y del título de concesión del Viaducto Bicentenario de recuperar la inversión más un rendimiento garantizado del 7 %”, agregó.

Otra conclusión de la auditoría, según OHL México, es que la inversión acumulada que ha servido de base para la determinación de la rentabilidad garantizada pendiente de recuperar, incluida la inversión en construcción, está debidamente aprobada por la autoridad.

Una revisión realizada por Deloitte confirmó que la política establecida para la determinación, reconocimiento y registro contable de la rentabilidad garantizada se encuentra de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, aplicables en las circunstancias actuales, añadió.

“Se concluye que todas las imputaciones de Tecnología Aplicada Infraiber son falsas, y forman parte de una campaña difamatoria”.

OHL México e Infraiber, experta en monitoreo de aforos vehiculares, cruzaron acusaciones el mes pasado por la operación del Circuito Exterior Mexiquense.

En una de las grabaciones difundidas a través de YouTube se trata sobre presuntos sobornos pagados a magistrados, sin embargo la concesionaria afirma que una investigación del despacho Ritch, Mueller, Heather y Nicolau concluyó que “no se encontró evidencia o inicio alguno de conductas contrarias a la ley”.

“Ni de pagos en dinero o en especie, ya sea directa o indirectamente, a ningún juez, magistrado, o funcionario público alguno, relacionado con los juicios analizados”, agregó.

OHL México también informó que, con base en las investigaciones realizadas, el Comité de Auditoría llevó al Consejo de Administración los siguientes puntos:

1) Se identificaron áreas y procedimientos administrativos que se deben fortalecer en aras de lograr mayor autonomía y eficacia de gestión de la compañía.

2) Se identificó la importancia de fortalecer los órganos de control de la Compañía, como el Comité de Auditoría, Comité de Prácticas Societarias, Auditoría Interna y Control de Riesgos, en particular por lo que se refiere a los lineamientos para operaciones con partes relacionadas, a fin de cumplir con los estándares más estrictos de gobierno corporativo.

3) Se identificó la necesidad de fortalecer el cumplimiento del Código de Ética de la Compañía.

4) Se identificaron vulnerabilidades en el manejo de la seguridad de la información, aunque no se obtuvo evidencia de la participación de algún empleado de OHL México en la fuga de información.

“En relación a todo lo anterior, el Comité de Auditoría (…) presentó 19 importantes recomendaciones específicas al Consejo de Administración para lograr dicho objetivo, las que serán evaluadas por el propio Consejo”, concluyó.

Fuente: CNN Expansión.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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