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Chihuahua

Gran ofensa para el pueblo chihuahuense si AMLO acepta a Duarte como testigo protegido: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Chihuahua, considera una gran ofensa para el pueblo chihuahuense la posibilidad de que el exmandatario estatal, César Duarte Jáquez, sea considerado “testigo protegido” del Gobierno de la República, toda vez de que se presume podría haber cometido agravios contundentes en contra de las arcas estatales.

El Centro Empresarial expresó a través de comunicado de prensa que, si bien el exgobernador se encuentra recluido en un centro de encarcelamiento de Miami, Florida, está acusado de varios delitos graves ante la justicia chihuahuense, por lo que el organismo empresarial consideró importante que ese proceso jurídico se lleve a cabo para determinar la culpabilidad o inocencia del indiciado.

“Los delitos por los que se le acusan son muy graves, tan así que venimos arrastrando por más de cinco años afectaciones graves a las finanzas de nuestro estado, que tienen prácticamente amarrada a la recién llegada administración estatal; es fundamental que, como cualquier ciudadano acusado de delitos, sea presentado ante el tribunal local y procesado conforme a Derecho para determinar su situación legal”, expresó.

En ese sentido la Coparmex Chihuahua hizo un enérgico llamado a las autoridades federales para que respeten dicho proceso legal contra Duarte Jáquez.

“Son las autoridades de Chihuahua las que deben determinar si se efectuó el posible desfalco en contra de las arcas estatales, y en ese sentido pedimos de la forma más enérgica que el Gobierno de México mantenga el respeto a la autonomía de los Poderes del Estado como lo son el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua y el Gobierno del Estado, este último el que inició los procedimientos jurídicos necesarios para acusar al exgobernador”, puntualizó.

En Coparmex, dijo, los empresarios están comprometidos con el ejercicio irrestricto del Derecho y el Debido Proceso; tan así que se promueven hacia el interior del Centro Empresarial las buenas prácticas y apego a la legalidad a través de contenidos diversos, capacitaciones, charlas, entre otras actividades; “hoy que estamos ante el posible regreso de César Duarte a Chihuahua, tenemos que pugnar porque se le realicen los procedimientos de Ley y se le garantice también su legítima defensa”, precisó.

Para finalizar la Coparmex indicó que se mantendrá pendiente del proceso legal, como lo ha hecho desde que se señaló el probable desfalco a las finanzas de los chihuahuenses, a fin de pugnar por la legalidad y el Estado de Derecho en la entidad.

En ese sentido, dejó claro que el organismo empresarial estará vigilante y ante la expectativa de las acciones que tomen las instancias correspondientes del Gobierno del Estado a fin de hacer valer los derechos de los chihuahuenses.

Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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