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Grupo de Lima no reconoce elecciones en Venezuela; llamarán a consultas a sus embajadores

Los miembros del Grupo de Lima expresaron en un comunicado en conjunto que no reconocen la legitimidad del proceso electoral presidencial desarrollado en Venezuela, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, dijeron en el documento que:

No reconocen la legitimidad del proceso electoral de Venezuela del 20 de mayo por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”.

En el texto se destacó que reducirán “el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocar a los embajadores de Venezuela para expresar sus protestas”.

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Así mismo reiteraron “su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos que llegan a nuestros países en difíciles condiciones”.

Además, el Grupo de Lima anunció que presentará en la sesión número 48 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) una nueva resolución sobre la situación en Venezuela.

El Grupo de Lima manifestó una serie de medidas:

1) Convocar a una reunión de alto nivel con autoridades responsables del tema migratorio y de refugio, además aceptan que Perú sea sede de dicho encuentro en la primera quincena de junio.

2) Considerar la posibilidad de realizar contribuciones financieras de países vecinos para atender el flujo migratorio de venezolanos.

3) Deplorar la situación humanitaria en Venezuela al tomar en cuenta las implicaciones en materia de salud pública.

4) Convocar a una reunión de alto nivel con autoridades sanitarias para atender la emergencia epidemiológica.

5) Apoyar en el suministro de medicamentos y vigilancia epidemiológico en Venezuela y en países vecinos por brotes de sarampión, paludismo y difteria.

7) Solicitar a las autoridades de cada país transmitir al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional.

8) Coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales no otorguen préstamos al Gobierno de Venezuela, sólo cuando el financiamiento sea usado en acciones de ayuda humanitaria.

Con información de la Secreataría de Relaciones Exteriores

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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