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Guardaespaldas de Macron es detenido por violentar a manifestantes

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El responsable de seguridad y guardaespaldas del presidente francés Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, fue detenido por presuntos abusos durante una manifestación, en el marco de una investigación abierta contra él, que provocó un gran escándalo en Francia.

La Fiscalía de París informó que Benalla fue detenido en las últimas horas tras la apertura de una investigación por los cargos de «violencia por persona encargada de una misión del servicio público» y de «usurpación de funciones», entre otros.

Además, tres agentes de policía fueron suspendidos de sus funciones por haber manipulado los videos de las cámaras de seguridad de la capital francesa que implicaban al guardaespaldas del Palacio del Elíseo.
El caso, que ha provocado en Francia una de las mayores polémicas del mandato del presidente, fue destacado por el diario Le Monde luego de que identificó a Benalla en un video golpeando a varios jóvenes durante una manifestación del primero de mayo, Día Internacional del Trabajo.

En el video, grabado por manifestantes, el responsable de seguridad de Macron golpea con fuerza a dos manifestantes durante una protesta en la que participó de manera irregular y sin uniforme policial.

Debido a su comportamiento y participación en la manifestación, la presidencia francesa lo suspendió de su empleo y sueldo durante 15 días.

La víspera, el líder ultraizquierdista francés Jean Luc Melenchon pidió incluso que se debata una moción de censura contra el gobierno por el caso que ha levantado una enorme controversia en la prensa francesa.

El grupo conservador Los Republicanos, principal fuerza de oposición al gobierno de Macron, pidió la apertura de una comisión de investigación sobre el caso en la Asamblea Nacional francesa, la cámara gala de diputados.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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